EL AUTOR es escritor.

POR GUARIONEX LUPERON 

El fideicomiso público más que el privado es un extraño instrumento o figura jurídica y económica que como lo está implementando el Gobierno en todos los ámbitos de la vida nacional va a dar mucha agua a beber.  

Al igual que José Israel Cuello, considero que, a estas alturas de nuestro desarrollo institucional, venir «El cambio¨ con esto del fideicomiso público para Punta Catalina y todos los demás, es una derrota al proceso de consolidación institucional que ha experimentado la administración pública dominicana, instaurando un marco legal para el ejercicio de una ¨gobernanza eficiente y transparente». 

Un triunfo como dice Ramón Alburquerque a la incapacidad de la dirigencia de los partidos, que se han dedicado, sin excepción a entregarle los bienes públicos a la oligarquía. Una gran verdad de Ramón que ha venido enarbolando un discurso disidente no con el eco que merece su estatura académica, su larga carrera política y su paso por la administración pública. 

Pero si el fideicomiso público es la expresión del fracaso del conjunto de leyes y reformas estructurales que, en los últimos 30 años, se han puesto en marcha para crear la infraestructura institucional del país, peor aún, es el descaro de los partidos políticos dominicanos mayoritarios, y de los políticos, elaborando comunicados, cuestionando el fideicomiso de Punta Catalina.  

Como si ellos, en la misma situación que el Gobierno del PRM, actuaran de modo diferente. Estoy seguro que harían lo mismo o peor. Porque el Gobierno anterior hizo hasta análisis de sensibilidad con diversos escenarios y estaban listos para vender la mitad de los activos de Punta Catalina. 

Los partidos mayoritarios han levantado la voz, porque la gente en las redes sociales se ha sublevado contra un acto administrativo que a todas luces no parece decente.

Legal pero poco legítimo y sin transparencia, semejante al modelo de negocio de los fondos de pensiones, donde los dueños de las AFP, usando una parte del rendimiento de los fondos de los afiliados pagan una ¨pensión minina legal de RD $ 11,900¨ a los afiliados que no tienen 300 cotizaciones. Pensiones de miseria que realizan mediante un ¨retiro programado de los fondos¨. 

Monto por debajo del rendimiento mensual, que a largo plazo solo beneficia a los dueños de las AFP. Porque los fondos de la Cuenta de Capitalización Individual del afiliado, mientras ellos hacen todo tipo de negocios en el mercado de capitales, los afiliados se descapitalizan. Mejor dicho, mientras el afiliado envejece se apropian del capital y parte de los rendimientos de los fondos. Un plan perfecto, apadrinado por los partidos políticos. 

El presidente Abinader, no debe molestarse con la reacción de la opinión pública (una cosa rara en el presidente, que siempre tiene una actitud de concertación) ni preguntar ¿por qué ellos están preocupados? 

No, la realidad es que hay una parte importante de la nación que está cuestionando el fideicomiso de Punta Catalina. Otra parte, señor presidente, nunca se inquieta, se acomoda con los huesos.  

Usted ha dicho ¨Que no se va a vender¨, eso puede ser verdad, pero el fideicomiso público de Punta Catalina, deja brecha para pensar la posibilidad de la venta de parte de los activos. Sobre todo, con las experiencias que existe en Latinoamérica con la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) que se ha utilizado para impulsar las inversiones privadas a través de los fideicomisos públicos.  

Y también, como está estructurado el ¨contrato¨ y los actores intervinientes del fideicomiso Punta Catalina que cursa a nivel congresual, sí puede convertirse en un instrumento para hacer negocio al margen de las instituciones de control del Estado.   

Además, señor presidente Abinader qué necesidad tiene el Estado dominicano de renunciar a administrar un bien público como la Termo Eléctrica Punta Catalina. De hecho, Jaime Aristy Escuder, acaba de demostrar que se puede hacer una buena gerencia administrativa. Y estoy seguro, que en el PRM y en el país, hay cientos de dominicanos calificados para encabezar una gestión exitosa. 

Lo ideal es que el presidente Abinader, un hombre joven, tenga fe en la capacidad de los dominicanos y pare el festival de fideicomisos públicos: Punta Catalina, la Policía, Pedernales y ustedes verán, que por ahí viene, también el puerto de Manzanillo. Los bienes públicos tienen que estar al alcance de los poderes públicos.  

No hay razones de ningún tipo, menos política, porque si es por eliminar la injerencia política que se ha tomado la decisión del fideicomiso de Punta Catalina como dijo el ministro Antonio Almonte, entonces, si es verdad que hemos tirado la toalla como sociedad. ¿De qué ha valido todas estas reformas institucionales, las leyes, los pactos, la formación de capacidades y las consultas ciudadanas? De nada.

jpm-am  

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