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    Félix Portes

    SANTO DOMINGO.- Los abogados de defensa de los imputados en la Operación Coral pidieron este viernes la recusación de la jueza designada para la audiencia de las medidas de coerción contra los cinco detenidos.

    La petición fue presentada por las defensas después de que la magistrada Kenya Romero, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, rechazara los pedidos de aplazamiento presentados por la defensa.

    La decisión sobre la continuidad o no de la jueza en el caso deberá ser tomada por una corte de apelación.

    Las defensas de los cinco acusados, entre ellos el mayor general del Ejército Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, pidieron el aplazamiento de la sesión alegando que no habían tenido tiempo suficiente para preparar la defensa.

    También alegaron que no se garantizó la confidencialidad en las reuniones entre los imputados y sus abogados.

    En la audiencia intervinieron personalmente el mayor general Cáceres y la pastora Guzmán afirmando que necesitan de más tiempo para preparar su defensa.

    «Me siento completamente vulnerable en cuanto a mi defensa», dijo la pastora, quien explicó que no había tenido tiempo de presentar a su abogado la documentación y el presupuesto necesario para preparar sus alegatos.

    Cáceres, ex jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina, dijo que en el informe de la acusación, «la verdad ha sido retorcida» en su contra y de su honor.

    «Soy presentado como un malhechor. Debo de tener la forma de desmontar todo esto», dijo el alto mando militar.

    La magistrada rechazó el pedido de las defensas por entender que se ofrecieron las garantías suficientes a los imputados.

    Entre los cinco acusados, que fueron detenidos el sábado pasado, también figuran Tanner Antonio Flete, hijo de la pastora, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.

    Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

    La Fiscalía aseguró en un comunicado que en los allanamientos, fueron incautados «bienes millonarios» a los imputados, quienes están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva.



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