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    EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

    No es ético que un periodista o un medio de información acepte regalos, cheques, viajes vacacionales o de trabajos, bienes inmobiliarios, vehículos o contratos de entidades públicas o privadas con vínculos políticos, pues está faltando a su compromiso y a las normas de su profesión.

    Un periodista profesional debe apoyar la diversidad, la pluralidad, el intercambio crítico y el debate de la democracia, exigir transparencia y visibilidad pública y enfrentar los excesos, la oscuridad, la discrecionalidad, e impunidad con las cuales se maneja el poder.

    A pesar de que el salario de un periodista se ha deprimido con el recorte de la publicidad privada y por las precariedades económicas de los medios. Lejos de aplaudir a un estado corruptor de los profesionales, sindicatos y medios, debemos rechazarlos.

    Aunque muchos opinadores de oficio creen que no es pecaminoso que un periodista o medio haga negocios de publicidad con el Estado, la ética les prohibe participar en actividades políticas.

    Nos preocupa que los medios se hayan convertido en negocios y que muchos periodistas sean negociantes. Pero aun así promocionar anuncios al gobierno o a la oposición riñe con la misión periodística.

    Los periodistas tanto tienen las atribuciones de investigar e informar a la ciudadanía como el deber de denunciar cuando los políticos en el gobierno violan los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

    Desde que estos profesionales -sean periodistas, comunicadores o trabajadores de la prensa- aparte de sus salarios reciben prebendas por su opinión o su trabajo, pierden credibilidad e irrespetan su trabajo de informar y educar con objetividad e imparcialidad.

    Ser periodista es un sacerdocio. La asociación natural de los comunicadores o de los medios no debe ser con el gobierno ni la oposición ni los políticos empresarios sino con los más humildes.

    No es posible que un periodista defienda la oposición y al otro día acepte un cargo o contrato con el gobierno. Además de indignante, es un conflicto de intereses o un dilema ético que debe sancionarse.

    Cuando el Estado vende contratos directos a los medios de prensa de mayor circulación y a sus periodistas, contraría las leyes y la Constitución pues además de privilegiar a grupos, no garantiza el derecho de igualdad, de libre competencia y de seguridad jurídica.

    El Estado tiene los recursos humanos y técnicos para agenciarse publicidad gratuita en redes y canales públicos y no derrochar y malgastar los recursos pagando publicidad a periodistas y medios.

    Es muy lamentable que las instituciones de Compras y Contrataciones y la Digeig se crucen de brazos ante esta degradación periodísticas. No sé que dirá la Reforma de la Ley 340-08, pero si sé que la nueva Ley 200-04 debe pedirles cuentas a estos periodistas empresarios.

    Ningún periodista o medio se hace rico trabajando. En RD hay fortunas de comunicadores vinculados con el Estado que deben investigarse, pues no solo eran funcionarios públicos sino también tenían contratos con el Estado en violación a la Ley de Función Pública.
    juanmojica1556@gmail.com
    JPM

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