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Más de 800 nuevas edificaciones escolares se encuentran todavía paralizadas, un irónico contrasentido en un país que destina mucho dinero a la educación.
El pretexto que se aduce para mantener las obras paralizadas es que existe un “nudo legal” que lo impide.
Algo así como que un conflicto jurídico o un desacuerdo entre las partes por los costos finales de las obras es el causante de que la parálisis haya durado ya más de dos años.
Para un Estado y una sociedad cuya prioridad es la educación, que requiere de buenas aulas y nuevos maestros, debe ser inadmisible que este factor de perturbación haya durado tanto tiempo.
Ahora es cuando más se sienten los efectos de esa parálisis pues la demanda de aulas ha crecido a la par de la de los nuevos alumnos, muchos de ellos provenientes de colegios privados que cerraron en la pandemia.
Y en medio de las incertidumbres de aquellos que no saben si van a poder recibir clases a tiempo, el Ministerio de Educación ha dicho que busca locales para alojarlos.
Por más complejos que sean los llamados “nudos legales” que impiden terminar las edificaciones escolares, la necesidad de educar está por encima de esas trabas y no hay excusas que valgan para seguir en este penoso limbo.
Mucho menos cuando se alega que al Ministerio de Educación pueden enajenarle más de 4,000 millones de pesos para dárselos a otras instituciones, pudiendo usarlos para habilitar escuelas y asegurar un año escolar menos traumático que los dos anteriores.
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