Si como dicen los expertos es mucho menor el porcentaje de drogas decomisadas que el que se les escabulle a las autoridades, se podría razonar que lo mismo acontece con el monto del dinero y propiedades incautadas por lavado de activos.
Y como resulta cada vez más frecuente ver legisladores involucrados en actividades ilícitas, no sería desacertado concluir que quizás los que vinculan sean apenas una muestra mínima.
Estas son solo extrapolaciones, acaso un tanto arbitrarias y subjetivas, pero la Operación Falcón llega para ponerle la tapa al pomo y ponernos a pensar si las entretenciones y rebatiñas intestinas nos obnubilan y nos impiden ver que es el propio Estado el permeado por el narcotráfico.
A esa conclusión se puede llegar con la exhaustiva lectura del voluminoso expediente con el que se solicita medida de coerción y declaratoria de complejidad del caso Falcón, en el que se reitera el punto de que el crimen organizado internacional sentó sus bases en República Dominicana.
Sobre esto acierta la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), al destacar como principal lección de este caso que no deben dilatarse las iniciativas que conduzcan a reducir y limitar la presencia de los recursos del crimen organizado o de sus representantes en la política dominicana y en las instituciones democráticas.
La preocupación de Finjus debiera extenderse a todos los sectores honestos y no contaminados de nuestra sociedad: “Lo peligrosa que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Sin ánimo de exagerar, cabe preguntarse si las sociedades, incluidas algunas de nuestra región, que devinieron en narcoestado se descuidaron y no pudieron evitarlo a tiempo.
Si, como dice el Ministerio Público, son varios los legisladores involucrados en esta red de narcotráfico y lavado de activos, creemos que es el momento de llegar al fondo, y que los partidos dejen de escurrir el bulto.
El momento de que, como certeramente sugiere Finjus: “Se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus propósitos antinacionales”.
