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Operación Discovery

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El Ministerio Público ha puesto en marcha la Operación Discovery, una gran ofensiva contra el cibercrimen internacional para desmantelar una red transnacional que desde República Dominicana habría estafado a cientos de ciudadanos en Estados Unidos mediante extorsión sexual, económica y robo de identidad.

Se trata de una gran ofensiva en tipos de persecución penal que no se refieren a crímenes de corrupción administrativa ni a narcotráfico, como han sido las investigaciones “Antipulpo”, “Medusa” y “Coral”, todas las cuales involucran a exfuncionarios, suplidores del Estado y legisladores.

En la Operación Discovery, cuya investigación se prolongó durante meses, participaron 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales, los cuales realizaron decenas de allanamientos y apresamientos en Santiago, Puerto Plata y La Vega.
No deja de ser una novedad que la población, acostumbrada a seguir en la prensa y en los tribunales estrambóticos casos de corrupción y narcotráfico, se interese ahora en crímenes cibernéticos o de última generación, que como las otras infracciones desembocan en lavado de dinero.

Como era lógico, en la investigación y posterior desmantelamiento de esa red cibercriminal participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, además de las procuradurías Especializada de Activo y Financiamiento del Terrorismo y Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Con base en Santiago y Puerto Plata, la red transnacional perpetraba una variada gama de ciberdelitos contra ciudadanos en Estados Unidos, en tanto que utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero para movilizar los capitales en dólares y pesos obtenidos en esas actividades criminales.

Por lo complejo de ese expediente, el Ministerio Publico tendrá que emplearse a fondo para sustentar las acusaciones contra los implicados, porque esta vez los cuerpos de delito serían principalmente equipos sofisticados y programas de computadoras.

Puede decirse que con la Operación Discovery, la Procuraduría General y sus procuradores adjuntos se estrenan en el tipo de persecución penal de crímenes y delitos característicos de la “Aldea Global” y del mundo tecnológico y digital. Un gran salto hacia adelante.

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