El gobierno dominicano, vía la Cancillería, ha hecho bien – y ha sido firme y oportuno- al poner en su sitio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la inoperante y descreditada Organización de Estados Americanos (OEA), al criticar el proceso legítimo de repatriación de embarazadas ilegales haitianas que vienen a parir en los hospitales nuestros y a sangrar el presupuesto de salud del país.

Ante la nueva andanada, que busca presionar al país para que no ponga controles en sus fronteras, siga cargando solo con el gasto en las parturientas y con la gran problemática general haitiana, al gobierno no se le puede dejar solo con el peso de la presión y el chantaje que recibe de agencias y de intereses internacionales.

Cabe que sea respaldado en su esfuerzo por hacer valer su ley sobre migración, en una expresión de soberanía y de autodeterminación, a lo que tienen derecho todas las naciones. No se entiende por qué, reiteradamente, a la nuestra se le quiere regatear ese derecho e imponerle reglas o agendas contrarias a sus intereses y a su idiosincrasia, incluso recurriendo la irresponsable comunidad internacional a presiones y a mentiras que dañan la imagen.

Parturientas o no, lo que se busca es repatriar a los indocumentados -como manda la ley – y que no están aquí en calidad de refugiados, que sería la única dispensa, sino que entraron por cualquiera de las variadas formas irregulares que se conocen.

Cierto que a la migración irregular hay que cortarle el paso en su origen, en la frontera, antes de que las embarazadas lleguen a los hospitales del país, traídas, la mayoría de las veces, por traficantes que no se sabe quien los ampara, porque ni caen presos los que manejan el ilícito negocio ni los autobuses en los que vienen, hasta con aire acondicionado, son incautados y decomisados, para que los dueños lo sientan en los bolsillos (¿).

Solo haciendo esto en serio, se frena el negocio y el relajo existente, de muy viejo. Y que no repitan el cuento o la excusa de la violación de derechos humanos, porque Migración – a la que muchas veces se coge de relajo, repatriando a gente que al otro día esta de vuelta en el país – tiene su protocolo para evitar maltrato.

El propio presidente Luis Abinader, aunque fue enfático al decir que el país no puede cargar con las parturientas y con la solución de la crisis haitiana, dejo claro que todos los casos de emergencia que se presenten con las primeras serán asistidos.

Previo a esa salvedad del presidente, se quiso hacer todo un” ruido” y sacarle filo en perjuicio del país. A tal punto, que se intentó “cabildear” que de un evento de Defensorías del Pueblo a nivel regional que tenía lugar aquí saliera un documento condenatorio al caso de las parturientas (¿).

Pero el Defensor del Pueblo local, Pablo Ulloa, en un ejercicio correcto de su papel y de responsabilidad, no se dejo sorprender ni confió en “la buena fe”, sino que se dispuso a “ver para creer” e inició un periplo por hospitales y maternidades.

El resultado: no supo ni le reportaron ningún caso de violación a derechos humanos, por lo que le pidió a los “lobistas” y a la manipuladora CIDH de la OEA que, si sabían de alguno en específico, que se lo hicieran saber. De ahí no paso, porque se trataba de otro cuento, de esos que son mezcla de presión, perversidad y claro chantaje contra el pais (¿).

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