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Después del triunfo indiscutible, como vaticinaron las encuestas, en la primera vuelta del presidente Luis Abinader, candidato y líder del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), en las recién pasadas elecciones presidenciales y congresuales, en que el ganador fue el pueblo dominicano, por el civismo con que votó, queda en el aire una pregunta sustantiva: ¿Tendremos en el próximo cuatrienio una nueva Constitución?

La respuesta a esa interrogante es compleja En política nada puede darse como seguro hasta que no se materializa. Vivimos, como nos enseñó Albert Camus, en el reino del absurdo. Todo es posible y nada está garantizado.

Además, cualquier modificación a la Carta Magna, sin importar su forma o alcance jurídico, es un acontecimiento político de gran importancia. Por tanto, requiere de la concertación política obligada, sin importar que el partido gobernante tenga mayoría o no en las cámaras legislativas.

Así es y no puede ser de otra manera.

La reforma al Pacto Político implica el establecimiento de un nuevo orden constitucional, conforme al modelo que hemos adoptado, de proclamar una nueva Constitución, como coronación de la reforma 

También se impone una campaña para convencer a las mayorías nacionales de la pertinencia del cambio en la superestructura del sistema jurídico, con lo que se le proporcionaría legitimidad, más que legalidad, al propósito perseguido.

El presidente Abinader se pronunció sobre la necesidad de una próxima reforma. La sustentó alegando que se debía poner un mayor candado para evitar que un Presidente modifique las reglas político-jurídicas para perpetuarse en el Poder.

No se olviden de la promesa de campaña del presidente Abinader de que hay que asegurar que el Ministerio Públicos sea realmente independiente, y no solo en lo formal, según la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, como ahora con la magistrada Miriam Germán Brito.

Esa intención tiene que ser bien pensada y suficientemente socializado y discutida. Esto así porque ella podría generar más problemas a futuro que los que pretende resolver. 

El sistema actual ya tiene una cerradura, que por lo visto se  considera muy simple o débil. Es la mayoría agravada de la dos tercera parte de los asambleístas para que se apruebe la reforma. Y a esto hay que agregarle el plebiscito aprobatorio, si afecta derechos fundamentales.

Y el peligro de endurecer los controles para evitar nuevas reformas constitucionales es que con facilidad llegaríamos a petrificar la Constitución.  Y encadenaríamos a las generaciones futuras a soportar normas de generaciones pasadas o muertas.

Así las cosas, creemos que tendremos la Constitución de Abinader en su nuevo mandato presidencial. Veremos.

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