La peste porcina africana ha rebrotado como epidemia en el país, colocándonos en la disyuntiva de sacrificar gran parte de la población de cerdos, sin muchas apelaciones.
Como ocurrió en 1978, la diseminación de esta enfermedad tuvo tanto impacto que los porcicultores se negaban a matar los animales, para no perder sus activos económicos por la venta de la carne.
Esta vez, las autoridades han dispuesto pagar un precio por cada cerdo sacrificado bajo estricta supervisión, lo que supone que tendrán que disponer de recursos no presupuestados para hacerle frente a la emergencia.
Cuando a finales de junio se denunció que más de 60 cerdos habían muerto de forma misteriosa en Monte Cristi, las autoridades minimizaron su gravedad.
Dijeron que se trataba de una “neumonía grupal porcina”, pese a que estaban vacunados contra la fiebre porcina.
Si no es por un informe que hace público el Departamento de Agricultura de Estados Unidos un mes después, declarando la existencia de la epidemia en el país, tal vez hubiésemos perdido más tiempo en poner controles estrictos para evitar lo que vemos hoy: once provincias con su población porcina amenazada.
Lo que procede es aplicar planes de cerco y veto a la movilización de cerdos y sus productos dentro y fuera del país y restricciones a las visitas de personas a las granjas y decir toda la verdad sobre lo que ocurre.
Aunque las autoridades aseguran que la peste no representa riesgos a la salud humana, el hecho de que la población viva bajo la amenaza del Covid viene a resultar una calamidad añadida al conjunto de dificultades por las que atraviesa el país desde el año 2020.
¡Qué mala ha sido nuestra suerte en estos tiempos!
