Es alarmante, pero no sorprendente, que el 82.5 % de la población carcelaria padezca de alguna enfermedad.
Sin embargo, a condición de salud de los reclusos no deja de denunciar la indolencia y deficiencia de un sistema en que, para colmo, abundan los privilegios. Y que cuestiona a las autoridades penitenciarias.
Un estudio dado a conocer por el Defensor del Pueblo indica que el 33.9 % de los presos sufre por lo menos de algún problema de salud; el 29.3 %, de dos; el 14.2 %, de tres, mientras que el 5.1 %, de más de cuatro.
El diagnóstico confirma que las autoridades no juegan su papel, como se ha evidenciado con escándalos como los de las parábolas en el penal de La Victoria y los reclusos que desde distintos recintos dirigen bandas criminales.
Extraña que las autoridades no se percaten de los equipos que poseen muchos reclusos para comunicarse tanto dentro como fuera de los recintos.
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Con ese cuadro que alrededor de un 83 % de los presos, de los cuales más del 60 % son preventinos, padezca algún problema de salud. Sonada la alarma no debe esperarse que muera alguno para lamentarlo o hablar de una de esas investigaciones sin resultado.
