EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Tenemos más de 60 años con un Sistema Consular manejado desde la presidencia para el reparto y el enriquecimiento ilícito y cada vez que se intenta hacer reformas para transparentar estos fondos a través de los bancos o de tarjetas, los espalderos de palacio amenazan que esto podría causar una renuncia masiva de cónsules.

El objetivo de la licitación del Mirex-CCC-PEEX-2022-0001 publicada por la DGCP que culmina en Agosto del 2022 con la firma de un contrato no es eliminar el viejo saqueo de los bienes consulares sino entregar el cobro de los servicios de pasaportes y de visas a empresarios y dejarle al cónsul el cobro de las legalizaciones.

Cualquiera que lea el pliego de condiciones puede advertir que aunque se creará una oficina de cobro que no afectará a los empleados, en el futuro contrato quienes se quedarán con las tasas del 40% de los ingresos consulares son los empresarios y quien se quedará con el 60% del resto de los ingresos es el Cónsul.

Es una pena que Abinader autorice al cónsul de los Ángeles EU cobrar por tarjeta de débitos y créditos como se hace en Méjico y enviar todos sus ingresos a la Cancillería para que sea esta quien pague la nómina y los gastos, que es eficiente y transparente y ahora recule con un reparto piloto peor que el desorden actual.

Aunque no está fijado el monto de las tasas, este cobro no garantiza una rebaja de los altos precios de estos servicios. Estas empresas ofertarán precios de mercados y será el Mirex que escoja los precios más bajos pero el monto de la tarifa dependerá de los precios de referencias escogidos y del precio a pagar por las tasas.

La Cancillería debe exigir a las proveedoras que los precios de referencias se escojan no acorde a los precios de Europa o de EU sino a los precios de Latinoamérica y el Caribe que son más bajos. Y advertir que el costo de un pasaporte y de una visa es de 20 y 21 dólares, y que el precio fijado por el Mirex es de 40 y 60 dólares.

Es cierto que privatizar el cobro de los servicios consulares no supone un gasto adicional para las arcas públicas pero también es cierto que cuando pagamos por un servicio sobrevaluados como son los precios de estos servicios consulares y que las ganancias se reparten entre empresarios y funcionarios, el Estado pierde.

¿Qué pretende el presidente y la Cancillería con este contrato o plan piloto de 6 consulados de 77 que tenemos y que durará tres años hasta el 2025?.Lo primero es burlarse de la comunidad y de los contribuyentes y segundo darle larga al saqueo para que los cónsules sigan haciendo fortunas y sigan pagando campañas electorales.

El futuro contrato en sí mismo es un engaño que no beneficia a la población. El Cónsul no solo seguirá administrando recursos de los consulados sino que el dinero que cobra la proveedora será enviado a las cuentas de los consulados o embajadas cuando lo correcto es que sean enviados a la Cancillería o a la cuenta única del Estado.

Creo que este contrato piloto de cobro privado, aunque está por verse su resultado, puede agilizar y acortar el tiempo de entrega de los servicios consulares que se están convirtiendo en dolor de cabeza. Pero es inaceptable este reparto que pretende hacer el gobierno con los ingresos consulares por ser una solución larga, cara e injusta

Una vez más la diáspora debe prepararse para seguir la lucha por transparentar y reducir los precios, para no dejarse utilizar como un instrumento para aportar en la campaña electoral, para no ser usado solo para escoger congresistas inorgánicos y para pisar fuerte e impedir que los consulados exploten a la comunidad criolla.

Estos colaboradores del exterior son insaciables. Disfrutan de una nómina de más de $1,900 millones, reciben dinero para alquiler y también tienen aprobado un Seguro Médico Internacional valorado por US $2.5 millones o $1,350 millones mientras el dominicano está desprotegido con seguro subsidiado que no funciona

JPM

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