POR CLAUDIO ACOSTA

Algunos se hicieron famosos por su probada destreza para justificar lo injustificable, para lo cual siempre tenían en la punta de la lengua la dosis de cinismo necesaria para trocar la mentira en verdad y viceversa.

En esta ocasión, tratándose de un privilegio que, además de irritante, representa una pérdida importante para el fisco, no podía ser diferente, aunque hubiera sido preferible que para hacerlo utilizaran otros argumentos.

Pero tan irritante como el privilegio que se autoasignaron con las dos exoneraciones a las que tienen “derecho” senadores y diputados cada periodo de gobierno es alegar que hacer público, como hizo el periódico Diario Libre, esa situación y lo que le cuesta al Estado dominicano es una componenda del sector empresarial, que recurre a ese tipo de maniobra cada vez que se acerca una reforma fiscal.

Según esos legisladores, entre los que figuran Tobías Crespo, Aquilino Serrata y Julito Furcal, el propósito de esa “componenda” es desprestigiar al Congreso Nacional con el tema de las exoneraciones, a consecuencia de las cuales, según Diario Libre, el Estado dominicano dejó de recibir RD$2,649.8 millones en impuestos durante los últimos once años.

Ninguno se atrevió a negar que se han convertido en un gran negocio para los dealers debido a que los legisladores se las venden tan pronto las reciben, convirtiéndose en otra fuente de ingresos que muchos no pueden justificar con su trabajo legislativo.

Pero tampoco con la defensa de los intereses de sus electores, a los que creen dejar contentos y satisfechos con dádivas disfrazadas de una “ayuda social” que solo contribuye a perpetuar su pobreza y, sobre todo, su dependencia de los políticos y su interesada y falsa buena voluntad.