La protesta de afectados con la expropiación de terrenos en el caso “Calamar” impidió que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidiera ayer la homologación de los acuerdos que el Ministerio Público hizo con Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y otros cinco imputados.

La no inclusión de los dueños de terrenos  en el reparto del dinero a devolver por Jiménez Collie (Mimilo) y los otros cinco ex imputados, obligó a que el tribunal reenviara el caso para el 22 de agosto.

El tribunal homologó el acuerdo que hizo el Ministerio Público con el exdirector técnico de la liquidada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Montero, y separó para conocer en otra audiencia el convenio a que se arribó Jiménez Collie (Mimilo) y otros imputados.

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En lo referente a Encarnación Montero, el Ministerio Público convino entre las partes aplicarle el criterio de oportunidad para solo presentarlo como testigo.

En dicho acuerdo, el exfuncionario admitió su participación en los hechos por los que fue investigado, sobre coalición de funcionarios, con el fin de estafar al Estado a través de pagos a ingenieros autorizados por el entonces ministro de Hacienda, Angel Donald Guerrero Ortiz.

La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) hace referencia al artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que le faculta para realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el criterio de oportunidad, a cambio de admisión de culpabilidad y colaboración en la investigación del hecho punible.

Los abogados de varios  querellantes afectados con la expropiación de terrenos se quejaron en la audiencia de que el Ministerio Público, busca solo resarcir al Estado como querellante, producto del acuerdo con Mimilo.