La Junta Central Electoral (JCE), los partidos políticos y el Consejo Económico y Social (CES) el pasado martes iniciaron el diálogo con el objetivo de lograr algún acuerdo para modificar las leyes electorales, legislaciones que con el tiempo se han ganado el apodo de “tollos” por la gran cantidad de artículos que han sido anulados por los tribunales. En el caso de la Ley 33/18 de Partidos Políticos, va por 13 artículos suprimidos por ser contrarios a la Constitución.
La JCE ha dedicado mucho tiempo y ha hecho un gran esfuerzo en resaltar los puntos que entiende deben ser modificados, entre los que figura el voto preferencial en el nivel municipal y que se le quite la responsabilidad de organizar los procesos internos de los partidos políticos para escoger los candidatos a cargos de elección popular.
En este último punto, el presidente de la JCE, Román Jáquez, ha dicho que no tiene sentido que la JCE se involucre en los procesos internos de las organizaciones pues se trata de eventos que atañen solo la organización por su propia naturaleza.
Román tiene toda la razón, pero los partidos no la reconocerán. El olfato dice que la JCE tendrá que organizar las primarias de los partidos y los ciudadanos costearlas.
Como se observa el panorama en los partidos, es claro que necesitan de un árbitro para que administre sus procesos, algunos tendrán serias dificultades para escoger las candidaturas a cargos congresuales y municipales y otros para la candidatura presidencial. Por eso todos apoyarán que la JCE organice las primarias para en lugar de desacreditarse ellos, los inconformes desacrediten la JCE.
La experiencia de octubre del 2019 está fresca en la memoria de la gente y debe servir de referencia a la JCE de lo que no se debe hacer. A los partidos, como no tienen ninguna intención de resolver los problemas como el costo y el tiempo, al menos aprueben las modificaciones a esas legislaciones con tiempo para evitar mayores traumas.
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