El presidente Luis Abinader advirtió el lunes que el proyecto de Código Penal tiene debilidades en muchos de sus artículos que podrían afectar la lucha contra la delincuencia, por lo que no ve prudente que se apruebe ahora, porque ni aun cuando se extienda la legislatura habría tiempo para enmendar tales falencias.

Tiene razón el jefe de Estado al señalar que ese estatuto requiere de mayor ponderación y consenso, tanto así que en el encuentro semanal con la prensa expuso quejas de instancias policiales sobre tipos penales insertos en ese código que dificultarían la persecución de crímenes y delitos y la seguridad ciudadana.

Una comisión especial de la Cámara de Diputados ha trabajado a todo vapor para entregar al hemiciclo un informe sobre ese proyecto con la finalidad de que se conozca y apruebe antes de que concluya la legislatura, aunque lo dicho por el mandatario debería poner fin a ese despropósito.

El Presidente ha interpretado el sentir de la mayoría de la sociedad, al expresar que el proyecto del nuevo Código Penal, estancado en el Congreso por más de 20 años, “necesita estudiarse y consensuarse mejor”, por lo que seguramente sería observado por el Poder Ejecutivo en caso de que sea convertido en ley.

Sin importar que se le agreguen decenas de nuevos tipos penales, ese estatuto no satisface ni mínimamente las expectativas de la población. Por el contrario, lesiona derechos de la mujer, el menor, la familia y disminuye la capacidad del Estado para controlar la inmigración ilegal y combatir el crimen y la delincuencia.

El Código Procesal Penal, aun con sus debilidades, tuvo como bondad sustituir a un armatoste jurídico que promovía la cultura del tránquenlo, colocaba la íntima convicción del juez por encima de las pruebas de cargo y descargo y convertía la justicia en laberinto de secretos procesales.

Lo que se discute en el Congreso no representa avance significativo en materia penal, por el contrario, consolida figuras jurídicas del Código Napoleónico ya superadas en ordenamientos jurídicos a nivel global, por lo que, aun con 23 años de deambular por las cámaras legislativas, lo mejor sería que por ahora el Código Penal se quede donde está.

Las objeciones planteadas por el presidente Abinader a la aprobación apresurada del Código Penal, indican que en caso de ser aprobado, el Ejecutivo observaría esa ley como han hecho otros mandatarios que también contaron con mayoría congresual, pero prefirieron evitar mayores problemas. Y así debe ser.