La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional estableció un marco jurídico adjetivo definitivo sobre la nacionalidad dominicana y su adquisición. Tuvo una importancia capital y fue necesaria. Posteriormente, la aprobación de la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, vino a resolver el drama que la nueva situación planteaba, especialmente para las generaciones de extranjeros en un estatus indefinido, desde 1929.

    Posteriormente, mediante el decreto número 327-13, el Poder Ejecutivo, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la ley 169-14, dispuso la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.

    A través de esos instrumentos se sentaron las bases para resolver un problema con profundas raíces históricas y mayores implicaciones sociales, pues afectaba a un importante grupo de personas en situación irregular.

    En medio de todo lo que implicó la sentencia 168-13, es decir, el fuerte debate nacional e internacional, fue armado un amplio dispositivo por la Dirección de Migración que permitió aprobar al menos 249 mil 948 expedientes de ciudadanos que acudieron a regularizarse.

    Fue un importante paso para resolver el problema, y así ha sido reconocido internacionalmente. Pero todavía resta, según afirma la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, revisar al menos 28 mil expedientes. No sería demasiado para el Ministerio de Interior y Policía hacerlo, porque a decir verdad, realizaron un consistente trabajo en todo el proceso de regularización.

    Ahora, hay un número indefinido de ciudadanos de padres extranjeros no registrados aún en el país que se sienten dominicanos, que rehúsan registrarse en su país de origen, y vagan sin ninguna identidad.

    Eso merece atención de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, y obviamente del Estado. Son personas que tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad.

    Ellos nacieron y se criaron en República Dominicana. No tienen la culpa. Están entre nosotros y con nosotros. Hace falta una labor humanitaria de localización para que sean dotados de alguna identidad. Haití y República Dominicana pueden hacerlo.



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