Aunque los fenómenos políticos y sociales no son totalmente extrapolables a otras realidades, las recientes protestas ciudadanas que tuvieron lugar en las principales ciudades de Colombia para rechazar una propuesta de reforma fiscal, ya retirada del Congreso, orientada a avanzar en la solución de importantes problemas estructurales de esa nación, como la inequidad social, el déficit y la sostenibilidad fiscal y a no deteriorar la competitividad del sector empresarial, pensamos que podría hacer vacilar a las autoridades nacionales sobre cómo avanzar en el complejo camino que habrá de conducirnos al anunciado pacto fiscal, sin afectar severamente la estabilidad social que vive el país.

    Sin embargo, el pasado fin de semana el presidente Luis Abinader, en una actividad en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, reiteró la voluntad del gobierno de celebrar un pacto fiscal y reclamó el involucramiento de todos los sectores nacionales, enviando una clara señal a los ciudadanos y a los mercados financieros de su compromiso de que el país avance en esa dirección.

    Entorno económico y social para la reforma

    En la misma actividad de conmemoración, representantes del sector laboral anunciaban que solicitarían al Comité Nacional de Salarios un reajuste de un 40 % del salario mínimo para compensar la pérdida de poder de compra acumulado desde el último reajuste salarial, hace casi dos años, en un escenario donde gran parte del sector productivo aún no se recupera de los efectos de la parálisis a la que fue sometido por las medidas adoptadas para contrarrestar la pandemia.

    Es evidente que la actividad económica se recupera, pero a marzo de 2021 todavía el desempleo del sector formal se encontraba 6.5 % por debajo del nivel registrado a marzo de 2020. En otro orden, la inflación acumulada en los doce meses previo, en abril pasado alcanzó 8.30% y se espera que siga erosionando el bolsillo de los consumidores en los próximos meses.

    A la fecha, el gobierno disfruta de gran apoyo de la ciudadanía, pero habrá que observar hasta dónde estará en disposición de sacrificar parte de ese activo político para lograr una reforma fiscal de gran magnitud, que además de las razones económicas desfavorable antes mencionadas, también confronta a diferentes grupos sociales como un segmento de la población femenina que se mantiene en pie de lucha por el tema de las tres causales del aborto.

    Por otro lado, hay miles de empleados desvinculados del sector público a los que no se les han pagado las prestaciones correspondientes y que mantienen un gran activismo en la opinión pública y también comienzan a aparecer figuras conocidas de los medios de comunicación que apoyaron al partido de gobierno cuando estaban en la oposición y hoy día manifiestan su descontento abiertamente en las redes sociales por los incumplimientos del Gobierno a promesas de campaña, como las tres causales, al tiempo que expresan su preocupación porque los posibles perjudicados de la reforma sean los sectores menos ricos de la población.

    Aunque hay sectores empresariales que salieron claramente gananciosos de la crisis económica provocada por la pandemia, hay otros, verbigracia el turismo, que no recuperarán su nivel de actividad hasta el próximo año y arrastrarán las secuelas de más de un año de penurias. Habría que esperar cómo les afectaría la reforma a estos sectores y cuál sería su posición en torno a ella.
    Colombia y RD: algunas comparaciones relevantes
    Se estima que la pobreza monetaria en Colombia pasó de 37.5% en 2019 a un 48% en 2020. En República Dominicana se prevé que la crisis podría aumentar la pobreza a corto plazo en unos 7 u 8 puntos porcentuales sobre el 21% verificado al cierre de 2019, sobre todo, si se confirma la eliminación de los programas de transferencias sociales del gobierno previstos para concluir en abril pasado. Previo a la pandemia, Colombia presentaba un nivel de desigualdad superior a República Dominicana, con un Indice de Gini de poco más del 50 %, versus un 44 % en el país.

    La reforma fiscal planteada por el Gobierno colombiano tenía como objetivo recaudar casi un 3 % del producto interno bruto, monto similar al que se estima que podrían aspirar las autoridades nacionales, pero con la particularidad de que una parte importante de las recaudaciones estaba destinada a otorgar medidas compensatorias al 40 % de la población más pobre. El 10 % más pobre aumentarían sus ingresos a casi un 70 %, lo que tendría repercusión importante en el cierre de la desigualdad económica prevaleciente en ese país.

    Desafortunadamente, en nuestra realidad el gobierno no dispone del espacio fiscal que se planteó en Colombia para realizar una reforma fiscal y financiar un amplio programa de medidas compensatorias para los sectores más pobres, porque el peso del pago de los intereses de la deuda pública respecto al total de los ingresos corrientes supera el 30 %, lo que genera un balance primario muy por debajo del que se requiere para hacer converger la deuda pública a una senda sostenible en un plazo razonable. Esto implica que gran parte de los ingresos de la reforma serían para financiar el pago de los intereses de la deuda y mejorar el balance primario, indicador importante de la capacidad de repago del Gobierno de sus obligaciones de deuda.

    La ausencia de medidas compensatorias, dificulta la construcción de una narrativa justificativa desde el Gobierno del porqué del aumento de los impuestos, pues estaría impactando negativamente el bolsillo de los contribuyentes sin que pudiera devolver algo significativo en término de bienestar, al menos al segmento más pobre.

    Lo anterior se torna aún más complejo si el gobierno no puede acompañar el aumento de impuestos de una reducción de gasto equivalente a la propuesta de aumento, tal como prometió durante la campaña y luego de su ascenso al poder, al expresar de forma reiterada que era posible disminuir el dispendio de gasto de la pasada administración en un 3 % del PIB. En esta parte, el gobierno parece estar atrapado en su propio discurso.

    El tiempo en contra

    El gobierno bebe presentar una reforma fiscal, como parte del pacto fiscal, con tiempo suficiente para que sea conocida, debatida, aprobada e incorporada al Presupuesto General del Estado 2022, cuya fecha límite para ser sometido al Congreso es el 1ro. de octubre próximo. No someter la reforma este año generaría muchas dudas sobre el compromiso del gobierno, pues un proyecto de reforma fiscal a ser sometido en 2022 para aplicarse en 2023, sería poco creíble por ser este último un año preelectoral.

    Las consecuencias de no presentar una reforma fiscal o presentar una reforma que nos satisfaga las expectativas de los agentes económicos, de los organismos internacionales y de las firmas calificadoras de riesgo, es que estas últimas otorguen una reducción en la calificación de riesgo soberano y esto aumente el costo de financiar los déficits fiscales y el refinanciamiento de la deuda.

    Si la reducción en la calificación fuera significativa, el gobierno podría verse obligado someter una nueva reforma a corto plazo y/o a realizar recortes de gastos para intentar darle credibilidad a las metas de política fiscal, aunque esto haga más precario el ya exiguo gasto gubernamental. Aún así, el nivel de gasto público ha sido históricamente tan bajo que esa decisión podría no ser creíble para los mercados financieros.



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