Otra vez se despierta el antiguo debate sobre control de armas en República Dominicana, esta vez por recientes y muy trágicos hechos de sangre que han conmocionado a la población y que han involucrado armas de fuego y por las disposiciones gubernamentales de comprar las armas ilegales que estén en manos de particulares.
    El tema es complejo y hay interminables discusiones en todo el mundo, eminentemente protagonizadas por dos grupos: los que se inclinan a la liberalización de los controles bajo el argumento de que ello frenaría el contrabando y el comercio ilícito de armas y ayudaría a la población a defenderse; y los que favorecen el control de la importación, comercialización, porte y tenencia como una medida para limitar la cantidad y con ello reducir el número de muertes que son consecuencia de su uso.

    Hay ejemplos de la aplicación de una y otra tendencia en diversos países del mundo con diferentes consecuencias. Por ejemplo, si bien la liberalización ha funcionado con éxito en Suiza, el control estricto ha tenido grandes resultados en Japón. La decisión respecto a cuáles medidas tomar debería basarse en las circunstancias específicas del destino de aplicación. Actualmente en nuestro país el promedio de homicidios acontecidos por el uso de armas de fuego es de aproximadamente 67 %, de los cuales menos de la mitad corresponde a los típicos hechos delincuenciales (asaltos, sicariato, entre otros), ya que la mayoría corresponde a crímenes producto de la convivencia social como riñas personales y violencia intrafamiliar.

    En otro orden, de las licencias concedidas en el país, aproximadamente un 94% corresponde a usuarios privados y sólo el restante 6 % a usuarios públicos, es decir, agentes del orden en general.

    En cuanto a legislación, la Ley de Armas no es mala, pero podría clasificar con mayor especificidad los tipos de licencia, la diferencia entre porte y tenencia, y su aplicación podría ser más rigurosa, tanto en las sanciones por su violación como en los análisis de salud mental y condiciones mínimas requeridas para la concesión de licencias.

    Por características particulares de nuestra sociedad como las mencionadas, un estudio que Oxfam realizó hace unos años sobre el tema arrojó como conclusión que los datos empíricos dominicanos deben incitar a las autoridades a priorizar un mayor control.

    Por lo anterior, la prioridad es una investigación con profundidad sobre el tema, para no caer en el error de tomar posiciones ligeras sobre algo tan complicado.



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