Luego de más de dos décadas de reformas que buscaron un supuesto avance institucional para despolitizar ciertos cargos públicos o garantizar su profesionalización, de violaciones a la ley, de zonas grises dejadas expresamente para facilitar la desviación, de cambios de último minuto para calzar los requisitos y de celebración de procedimientos supuestamente transparentes y abiertos, fuerza concluir que salvo excepciones el propósito de la despolitización no se ha cumplido porque las autoridades buscan la forma de escoger a los suyos o de repartir según sus amarres, y que quizás hay que concentrarse más en las condiciones personales que en las simpatías o cercanías políticas directas o indirectas.

    De nada ha valido que se establezcan requisitos algunas veces rigurosos en distintas leyes, pues ni el cumplimiento de estos necesariamente ha sido garantía de buena selección pues muchas veces simplemente se busca algún adepto que de alguna manera los reúna, ni su incumplimiento de falla, basta recordar que el primer Superintendente de Electricidad luego de aprobarse la Ley 125-01 no cumplía el requisito de experiencia mínima de 8 años en el sector energía, sin embargo todavía se refiere su gestión como la mejor y más independiente de dicha institución.

    Tampoco el sistema de ternas ha servido de mucho, pues históricamente lo que ha sucedido es que quienes las encabezan son los preseleccionados utilizando de relleno a los otros dos aunque tengan mejores condiciones, ni el sometimiento de su preselección a procesos públicos, pues a la hora de escoger las ternas no se priorizan las mejores calificaciones y condiciones, sino que se hace el mismo amarre político que se hubiese dado sin celebrar entrevistas públicas que han servido más para constatar con tristeza las debilidades de nuestro sistema educativo por la pobre preparación de muchos que no tienen nada que perder y son los primeros en registrarse ante cualquier llamado a inscripciones, y para dejar un mal sabor de que los mejores candidatos que se atrevieron a presentarse no son tomados en cuenta, que para garantizar idoneidad.

    La selección del nuevo director ejecutivo de PROCONSUMIDOR y la de las ternas para el cargo de Defensor del Pueblo han traído nuevamente el debate sobre los requisitos de los candidatos, porque en el primero de los casos la Ley 358-05 incluye entre estos no formar parte de partido político alguno y el nuevo director pertenecía hasta hace poco a uno; y en el segundo, si bien la Constitución no señala los requerimientos la Ley 19-01 que tampoco lo indica en el artículo 5 relativo a los requisitos, en su título cuarto sobre privilegios y limitantes dispone en el artículo 11 que el defensor no podrá pertenecer a partido político ni participar en actividades político partidarias, lo que puede interpretarse como una limitante post elección, como sucedió con la actual defensora que también había sido miembro de un partido.

    De los cargos pendientes de elección la Cámara de Cuentas es el más importante, no solo por el rol fundamental que debe desempeñar como órgano de control y fiscalización del Estado, sino por el desprestigio que ha tenido y los escándalos recientes sobre su accionar, por lo que así como era fundamental que se cumpliera la promesa de una Procuraduría General independiente, también lo es el tener una Cámara de Cuentas realmente autónoma, capaz y empoderada, integrada por personas que además de tener reconocida solvencia ética y moral como señala la Constitución, tengan la firmeza de carácter, la capacidad, la responsabilidad y la voluntad de dejar atrás los cuentos, y cumplir a cabalidad con su rol de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

    Esperemos que esta nueva selección que, aunque luce será un Tin Marín de Do Pingüé en el que Cúcara y Mácara también tendrán sus representantes, no resulte en que Títere fue.



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