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A partir de este mes el Gobierno inicia el desmonte del subsidio al sector eléctrico, lo que implica un incremento promedio de la tarifa eléctrica de 1.4% entre noviembre y diciembre, como parte de reajustes trimestrales que se extenderán por cinco años.
La Superintendencia de Electricidad reveló que la factura eléctrica aumentará RD$47.71 y RD$53.89 para los clientes residenciales, entre RD$31.99 y RD$41.25 para pequeños comercios, en tanto que para los grandes subirá RD$892.61 y para los clientes industriales y de zonas francas, RD$2,865.32.
Ese reajuste de tarifa significa un trago muy amargo que la población deberá ingerir cada tres meses por cinco años, sin importar si la medida se corresponde con lo establecido en el Pacto Eléctrico y sin que se ofrezcan seguridades de que el servicio de energía eléctrica rozará siquiera el nivel de eficiencia y sostenibilidad.
Se ha dicho que el mayor impacto lo percibirán los clientes residenciales, cuyo aumento será de un 2.7%, y los comerciales, que pagarán 1.8% y 1.1%, lo que indica que la clase media acarreará el mayor sacrificio, dado que el subsidio se mantendría a familias vulnerables.
El alza en los precios internacionales del gas natural, carbón mineral y petróleo agregan más acíbar al trago amargo del incremento en el precio de la tarifa eléctrica, aunque el superintendente de Electricidad lo define como “un aumentito” que ahorrará al Gobierno RD$280 millones en dos meses.
No se niega la necesidad de desmontar paulatinamente los subsidios o transferencias de recursos desde el Gobierno al subsector eléctrico, que llegaron a promediar cerca de mil millones de dólares al año, pero las autoridades deberían sustentarlo en una tarifa promedio según la capacidad de pago de los diferentes sectores.
Se requiere que el Gobierno cumpla al pie de la letra con la reducción del cuantioso déficit financiero que sufren las empresas distribuidoras, incluidas las pérdidas millonarias por deficiencias en redes de transmisión o por robo de energía.
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No se olvide que el incremento en la tarifa de uso o consumo de energía eléctrica en los ámbitos comercial e industrial y de servicios durante cinco años consecutivos, se traduce en aumentos de precios de artículos y servicios, por lo que impacta de manera directa en el índice inflacionario. Un trago amargo.
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