Santo Domingo.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del teniente coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Erasmo Roger Pérez, imputado en la trama de corrupción administrativa denominada Operación Coral.
La jueza Esmirna Gisell Méndez dispuso variar la prisión domiciliaria existente por una garantía económica de RD$500 mil, mediante una empresa aseguradora, además de mantener el impedimento de salida sin autorización judicial, para salvaguardar el peligro de fuga existente, señalado por el Ministerio Público.
En oposición a la solicitud de la defensa del imputado, el Ministerio Público señaló durante la audiencia de este jueves que, las deudas presentadas ante el tribunal, como razón fundamental para la variación de la medida de coerción existente, sólo profundizaban la posibilidad del peligro de fuga por parte del imputado Pérez.
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En ese sentido, el órgano acusador detalló que dichas deudas, confirman la teoría fáctica del Ministerio Público, en la que el órgano acusador señala al teniente coronel de ir más allá de sus funciones para enriquecerse ilícitamente y obtener un estilo de vida que no puede solventar con sus ingresos formales, que continúa percibiendo como militar.
En igual sentido, la solicitud halló rechazo por parte del abogado del Estado, José Alberto Ortiz Beltrán, al entender que la defensa del imputado no presentó pruebas ni presupuesto novedosos que dieran al traste con la variación de la medida de coerción.
Al detallar las razones de la decisión del tribunal, la jueza Méndez indicó que además de resguardar el peligro de fuga, el juzgador se ve en la obligación de tomar en cuenta que la privación de libertad sea por un tiempo razonable, con la finalidad de que no se convierta en una pena anticipada.
El teniente coronel Pérez está entre los imputados de la Operación Coral, mediante la cual el Ministerio Público destapó un entramado de corrupción, acusado de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, entre los años 2012 y 2020. Además, por sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En este proceso además están acusados, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez De Aza.
De igual manera, al general Torres Robiou (FARD) y José Manuel Rosario Pirón, así como la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
