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    Ministerio de Educación RD.

    SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (MINERD) el Consejo Nacional de Educación, el ministro Roberto Fulcar y otros funcionarios fueron citados a comparecer ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el próximo  martes 20 de octubre.

    Asimismo fueron citados el viceministro de Centralización y Participación, Julio César De Los Santos, la gobernadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva Figueroa, e Isidro Santana Ramírez, designado provisional en la Dirección Regional 005, con sede en San Pedro de Macorís.

    Dicha audiencia fue fijada a fin de conocer la solicitud de medida cautelar que procura «suspender los efectos, evitar el daño y perturbación generada como consecuencia de las acciones ilegales asumidas por estas autoridades en contra de los más de 105 servidores públicos afectados», indica el documento.

    En la solicitud de medida cautelar se pide al juez presidente del TSA, entre otras cosas, el cese de toda acción y decisión asumida por Isidro Santana Ramírez, quien ha asumido el puesto de director regional 0500 de manera provisional, hasta tanto intervenga la sentencia que decida sobre la suerte definitiva de la acción o recurso principal, en torno a la sustitución de Sosa Soriano.

    Además de este proceso, la mayoría de los directores regionales y distritales afectados con la ordenanza 01-2020, solicitaron al TSA imponer las medidas cautelares ante la «perturbación» generada por esta decisión, en el entendido de que consideran que dicha ordenanza viola los principios de proporcionalidad, confianza legítima y coherencia.

    Los mismos, indica, están establecidos en el artículo 3 de la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, constituyéndose en una perturbación manifiestamente ilícita que afecta a cientos de servidores públicos del MINERD.

    Los abogados accionantes Nelfis Stapleton y Yulibelys Wandelpool sostienen que con la aprobación de la ordenanza 01-2020 y las consecuentes decisiones tomadas por Roberto Fulcar y demás funcionarios de Educación, transgreden el Principio de Seguridad Jurídica, de previsibilidad y certeza normativa  establecido en el art. 3.8 de la Ley 107-13.

    an/am



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