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EL AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.
Un preso político es una persona que por el hecho de pertenecer a un partido o agrupación política es arrestado y puesto en prisión, no este haber cometido algún delito sino porque sus ideas pueden significar un desafío o una amenaza al sistema político establecido y al gobierno de turno. En cambio, un político preso es un miembro o militante de un partido o agrupación política que se le imputa haber cometido un crimen o delito y se le priva de su libertad cumpliendo todos los procedimientos y respetando sus derechos constitucionales para ser juzgado. En el sistema democrático es improcedente la presencia de presos políticos.
En consecuencia, el significado de preso político no debe ser confundido con el de político preso, toda vez que cuando una persona que hace vida política comete un acto de violación a las leyes vigentes, es aprendido por el delito cometido y no por su militancia política ni ideológica.
Con la operación Calamar, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), han sido apresadas unas veinte personas bajo la acusación de haber formado una estructura de corrupción administrativa que recabó miles de millones de pesos con la finalidad de financiar la precampaña y la campaña a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del empresario Gonzalo Castillo Terrero, quien además es miembro del Comité Político de esa organización.
Conforme al relato que hace la PEPCA para solicitar los allanamientos y posterior medida de coerción fueron detenidos varios exfuncionarios de primer nivel del pasado gobierno que presidió Danilo Medina, entre los que figuran Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, lo que ha provocado que el partido haga un llamado de protesta en todo el territorio nacional y que una turba se presentara al Palacio de Justicia donde están detenidos los imputados con un propósito no revelado por los manifestantes.
Dada esta situación hemos visto que el secretario general del PLD, Charlis Mariotti, de manera insistente aclama la libertad de Gonzalo Castillo, alegando que es un preso político del Ministerio Público que, según él, lo ha arrestado cumpliendo instrucciones.
Lo más conveniente, a mi entender, es que le brinden respaldo proveyéndole los juristas especializados en derecho penal y administrativo para que lo auxilien en sus medios de defensa y que así este pueda demostrar que no ha cometido los hechos que se le imputan, esa es la mejor ayuda que su partido le debe otorgar y no ligar el trabajo político con un caso judicial en que se han visto envueltos esos dirigentes políticos y que deben resolver con la justicia sin necesidad de ligar una cosa con la otra.
El PLD deben preservarlo fuera de esos casos judiciales, la soberbia no es la mejor consejera. Deben convertir en su único reclamo que a sus compañeros de partido o imputados se les garantice el debido proceso de ley y la presunción de inocencia hasta tanto se emita una sentencia con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.
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