Como quiera que se le quiera llamar al “todo incluido” fiscal-impositivo que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto General del Estado, debió ser un poco más transparente, más socializado previo a su envío al Congreso como un contrabando. Ahora ha puesto en duda la buena fe gubernamental, debilitando una de las virtudes más difundidas por la actual gestión gubernamental, la transparencia, la discusión de los temas, para evitar la imposición. Ahora los principales funcionarios ligados al tema presupuestal no han podido unificar un argumento para convencer a la población de que no se trata de una reforma fiscal, aunque sea un pequeño ensayo.

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