Los derechos se amplían a medida que los cambios políticos se transformaron en datos insoslayables en beneficio de la humanidad al calor del avance y progreso de las sociedades. Se institucionalizaron en normas y más tarde adquieren jerarquía constitucional. La introducción de nuevas y múltiples tecnologías modificaron las formas de organización y relacionamiento de los individuos, por lo que consideramos pertinente analizar los nuevos vínculos sociales entre los sujetos que componen la nueva sociedad.
En lo que respecta a los derechos humanos, como dice Javier Bustamante “este nuevo ámbito está abriendo perspectivas para entender, de una forma más amplia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”. De aquí se desprende la necesidad de repensar nuestra condición humana en esta sociedad tecnológica, donde la tecnología ha pasado a cumplir un rol esencial como intermediaria de la mayoría de las relaciones sociales.
Los derechos humanos de cuarta generación son aquellos que heredan valores de las anteriores —naturales, civiles, políticos, laborales— pero responden a nuevos paradigmas sociales vinculados con las tecnologías de la información, la comunicación y el ciberespacio, los cuales se refieren al ser humano como especie. Las redes sociales llegaron a nuestra vida para quedarse, así parece si observamos la creciente influencia de Twitter, Instagram y otras. La exposición de nuestra vida privada en estas herramientas de comunicación masiva es un objeto actual de estudio en Ciencias Jurídicas; sus consecuencias convocan a un debate sobre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión.
El desarrollo social y moral del ser humano nunca ha sido opaco a las realidades técnicas científicas. Dichas realidades se constituyen en condición de posibilidad para el advenimiento de nuevas formas de organización social. Es por esa razón que resulta necesario reflexionar sobre el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano.
En la Constitución dominicana podemos identificar derechos de cuarta generación contenido en los artículos 42, numeral 3, referente a los experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas y en el artículo 63, numerales 10 y 11, respecto al fomento de la ciencia e innovación tecnológicas.
Definitivamente, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han revolucionado las dinámicas de relación no sólo entre las personas sino también entre éstas y las instituciones del Estado diseñadas para representarlas y servirles. Sin embargo, las obligaciones positivas y negativas respecto al acceso y uso de las TIC son estatales en tanto que son relativas al ámbito territorial de cada país, y en buena medida protegidas por los estándares rectores del derecho internacional de los derechos humanos.
Es por esta razón que, según Manuel Maceiras, es necesario considerar acciones convergentes de carácter político pragmático, frente a la necesidad de elaborar políticas coherentes que reconozcan las necesidades humanas para aprovechar dichos medios, y los nuevos derechos que son inherentes al hecho mismo del vivir en una sociedad tecnológica, las llamadas exigencias políticas de la tecnociencia.
El magistrado Vásquez Samuel, reconoce “En la medida en que se vaya configurando el contenido de estos derechos humanos ellos podrán ser incorporados a nuestro ordenamiento jurídico… los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales que establece la constitución facilitan tanto la ampliación del contenido de los derechos ya reconocidos, como también la incorporación de nuevos derechos humanos”.
Vivimos en un mundo en donde las fronteras dejan de ser barreras impermeables cuando los llamados flujos de transborder data flow las atraviesan a través de cables y satélites de la misma forma que el silencio las paredes.
