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El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de amnistía fiscal, que instaura tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria, con el cual procura recaudar entre seis mil a diez mil millones de pesos.
Los contribuyentes adeudan al fisco unos RD$36,000 millones, de los cuales solo RD$12,900 millones corresponden a impuestos y los restantes RD$23,100 millones a la acumulación de intereses y moras, lo que se reduciría total o parcialmente si se aplica el estatuto propuesto.
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, señaló que esas deudas generan recargos e intereses que superan con creces el monto de lo adeudado, especialmente porque no se ejerce el derecho a la prescripción, lo que dificulta que el contribuyente cumpla con el pago de sus compromisos corrientes.
Con la amnistía fiscal gana la Administración Tributaria y gana el contribuyente, porque no solo se recuperan entre seis mil a diez mil millones de pesos, sino también porque se reactivan miles de personas físicas y jurídicas a la fiscalidad.
Se critica que las autoridades promuevan leyes de perdón fiscal solo para resolver trabas o enredos en las recaudaciones fiscales y no para preparar el camino hacia una necesaria reforma fiscal integral que equilibre la carga tributaria.
Las amnistías fiscales, como afirma el Centro Regional de Estrategias Sostenibles (Crees), procuran corregir de forma temporal, defectos en el diseño del sistema tributario, por lo que representa una expresión de fracaso del sistema tributario.
Leer: Controlar y fiscalizar
Esa es también una vía expedita usada por los gobiernos para agenciarse recursos necesarios para suplir déficit presupuestario, como lo comprueba los más de 45 mil millones de pesos recaudados en cuatro leyes de amnistía aplicadas desde 2001, dos de ellas durante la presente gestión.
A lo que se aspira es a un sistema tributario eficiente, justo, incluyente, en el que cada contribuyente aporte según su participación en las utilidades o riquezas que genera la nación, sin discrimen ni privilegios, para lo cual se requiere de un gran acuerdo político, corporativo y social sobre una nueva fiscalidad.
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