En un contexto donde la viabilidad económica de las empresas de transporte masivo se ve comprometida por la volatilidad de los costos operativos, el sector ha decidido elevar su voz con demandas claras y urgentes. El presidente del gremio, Juan Marte, ha encabezado una iniciativa que busca garantizar la igualdad de trato para todas las organizaciones afiliadas a la industria, alejándose de prácticas clientelares o selectivas que han sido históricamente criticadas por los operadores de rutas.
La necesidad de transparencia en los subsidios
El núcleo de la protesta se centra en la falta de claridad sobre cómo se asignan y gestionan los subsidios estatales. Según lo manifestado por las autoridades sindicales, el actual sistema carece de mecanismos de supervisión que permitan a todos los actores verificar qué empresas reciben apoyo financiero y bajo qué criterios. Esta opacidad genera desconfianza y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público. Se argumenta que cualquier ayuda gubernamental debe estar supeditada a condiciones estrictas de eficiencia y cobertura real, evitando así que recursos públicos se disuelvan en beneficiar solo a una élite selecta de operadores.
Paralelamente, el director del Intrant ha anunciado una revisión exhaustiva de los expedientes pendientes. Esta medida busca establecer un canal de comunicación permanente entre el gobierno y el sector privado, con la intención de desbloquear cuellos de botella administrativos que han frenado el crecimiento del transporte público. La propuesta incluye mesas de trabajo conjuntas donde se definan reglas claras para la asignación de rutas y fondos, asegurando que las decisiones sean transparentes y accesibles al escrutinio público.
El estancamiento de los corredores estratégicos
Más allá de la disputa por los subsidios, existe una preocupación latente respecto a dos corredores de transporte que permanecen pendientes de puesta en marcha. Estas rutas son fundamentales para conectar zonas periféricas con centros económicos clave, y su parálisis afecta directamente la movilidad ciudadana y el acceso al empleo. Los transportistas advierten que seguir posponiendo la apertura de estas líneas no solo perjudica a los usuarios, sino que también deja fuera a miles de trabajadores que dependen de estos servicios para llegar a sus destinos laborales.
La situación refleja un patrón recurrente en la gestión pública: promesas de infraestructura y expansión de redes que se diluyen con el paso del tiempo debido a la burocracia o a la falta de coordinación entre instituciones. En República Dominicana, donde la dependencia del transporte privado es alta, cualquier vacio en la oferta de movilidad masiva tiene un impacto directo en la economía familiar y en la productividad nacional.
Ante este escenario, la comunidad de transportistas no solo reclama soluciones inmediatas, sino también un marco regulatorio que garantice la equidad. La igualdad de trato mencionada por Juan Marte implica que todos los actores del sector deban competir en pie de igualdad ante el estado, sin ventajas indebidas ni discriminaciones arbitrarias. Solo así se podrá construir un sistema de transporte público eficiente, accesible y digno para toda la población.
La respuesta institucional ha sido positiva, con el director del Intrant proponiendo una revisión activa de los expedientes y la creación de un diálogo continuo. Sin embargo, las palabras por sí solas no bastan; es necesario convertir esas promesas en acciones concretas que se traduzcan en rutas operativas y fondos transparentes. El tiempo es crítico para evitar que el sector del transporte colapse por agotamiento financiero o por la falta de confianza pública.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.