En un movimiento que resalta la gravedad de la gestión administrativa en el sector público, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez, ha lanzado una contundente reclamación formal dirigida al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La autoridad médica señaló con claridad que esta entidad estatal mantiene una deuda inasumible de RD$27 millones por concepto de servicios médicos prestados a sus funcionarios y personal operativo.
El impacto en la salud del funcionario público
Esta situación no es meramente financiera, sino que representa un riesgo directo para la seguridad laboral de los trabajadores de tránsito. Según se ha reportado desde las oficinas del CMD, el retraso en el pago de estas obligaciones obliga a muchos médicos a postergar o cancelar atenciones planificadas dentro del sistema público. En un país donde la salud es una prioridad nacional, permitir que una deuda de esta magnitud subsista por años refleja una falta de planificación presupuestaria y una gestión ineficiente de los recursos.
Es fundamental recordar que el CMD no solo vela por los intereses de los médicos, sino que actúa como garante del acceso a la salud para toda la ciudadanía. Cuando las instituciones públicas como el Intrant incumplen con sus obligaciones laborales, se pone en jaque el derecho a la seguridad social de miles de dominicanos que dependen del transporte público y de la gestión del tránsito para su movilidad diaria.
La urgencia de una solución transparente
Las cifras son claras: RD$27 millones es una suma significativa que podría haber sido invertida en mejorar las condiciones laborales, adquirir equipos médicos o financiar programas de salud preventiva. La persistencia de esta deuda sugiere un problema estructural más profundo que requiere la intervención inmediata de los órganos de control y fiscalización. No basta con el reclamo verbal; se exige ahora un plan de pago concreto y un cronograma de cumplimiento que sea respetado por la administración del Intrant.
El contexto actual en República Dominicana es particularmente sensible, dado el esfuerzo continuo del gobierno para reducir la pobreza y mejorar los indicadores de salud pública. En este entorno, cualquier demora en el pago de servicios médicos a funcionarios se percibe como una negligencia inaceptable. El CMD ha dejado sentado que su postura es firme: la deuda debe ser saldada sin dilaciones indebidas.
Finalmente, cabe destacar que esta reclamación se suma a una serie de incidentes que han sacudido al sector público dominicano en los últimos tiempos. La respuesta del estado ante estas denuncias será un termómetro para medir la responsabilidad gubernamental y el compromiso con el Estado de Derecho. Mientras tanto, el gremio médico mantiene su vigilancia activa, esperando que las autoridades correspondientes actúen con la celeridad que la situación amerita.
En conclusión, la deuda de RD$27 millones no es un simple número en un balance contable; es una promesa incumplida a los trabajadores del tránsito. El CMD ha hecho su deber al exigir justicia y transparencia, recordando a todas las instituciones involucradas que el pago oporteno de estas obligaciones es imperativo para mantener la confianza ciudadana en el sistema público.
Atribución: Esta pieza editorial se basa en información reportada inicialmente por Remolacha – Noticias Republica Dominicana. El enlace original al artículo fuente es: https://remolacha.net/2026/10/colegio-medico-dominicano-7/