En un momento crítico para la estabilidad nacional, la Fuerza Pública (FP) ha emitido una contundente reprobación ante las muertes ocurridas tras intercambios de disparos recientes. La institución militar y policial considera que estas tragedias no son eventos aislados, sino el síntoma más grave de un sistema de seguridad que ha perdido su efectividad fundamental: la protección de la vida ciudadana.
El costo humano de una estrategia fallida
Según lo declarado por la vocera de la FP, Josefina Reynoso, los datos del año en curso ya arrojan cifras que ponen en alerta a toda la población dominicana. En los meses transcurridos de 2026, se han registrado un total de 1,185 homicidios. Este incremento, lejos de ser una estadística fría, representa el dolor de miles de familias y demuestra que las tácticas implementadas bajo la política de seguridad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no han logrado detener la violencia.
La situación actual sugiere que la estrategia adoptada por el gobierno ha fracasado en su objetivo principal. En un estado de derecho, la intervención militar contra la criminalidad debe ser excepcional y regulada estrictamente; sin embargo, las cifras actuales indican que la presencia armada no ha traducido a una disminución proporcional de la violencia letal. Por el contrario, el entorno urbano parece haberse convertido en un campo de batalla donde la vida del ciudadano ordinario se valora menos que la confrontación directa.
Este escenario plantea dudas severas sobre la eficiencia de los recursos públicos invertidos en seguridad. Cuando las instituciones encargadas de velar por el orden público no pueden garantizar la libertad y seguridad personal, se erosiona la confianza ciudadana en el Estado. La percepción de impunidad crece a medida que cada muerte por intercambio de disparos resuena en las calles de Santiago, Santo Domingo y otras provincias del país.
Impacto social y gobernanza
El fracaso percibido en la política de seguridad del PRM tiene implicaciones profundas para el futuro democrático de República Dominicana. La inestabilidad no solo afecta a las víctimas directas, sino que paraliza el desarrollo económico y social. Inversores y turistas observan con preocupación un entorno inseguro que desincentiva la llegada de capitales y limita la movilidad interna.
Es imperativo que las autoridades responsables evalúen urgentemente si los métodos actuales son sostenibles o si requieren un cambio radical de paradigma. La vocera Josefina Reynoso ha sido clara: el costo en vidas humanas es inaceptable bajo cualquier administración. Si bien la FP mantiene su compromiso con la defensa de la integridad nacional, no puede permanecer silenciosa ante una estrategia gubernamental que se traduce en muertes diarias.
La sociedad dominicana, que ha sufrido tanto por décadas de violencia, merece respuestas concretas y no solo discursos políticos. La prioridad debe ser la vida del ciudadano común, protegiendo a quienes trabajan, estudian y construyen el futuro de la nación. Cualquier política de seguridad que no logre reducir drásticamente las tasas de homicidio es, por definición, un fracaso.
En conclusión, la denuncia de la Fuerza Pública resuena con la realidad de millones de dominicanos que piden tranquilidad. El gobierno y el Partido Revolucionario Moderno deben reaccionar ante estas cifras con acciones decisivas, reconociendo que el modelo actual no está funcionando. La seguridad no es un lujo, es un derecho fundamental que debe ser restaurado sin demora alguna.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.