El costo del contrabando: una realidad silenciosa en el comercio dominicano
Una de las crisis más graves que enfrenta la economía nacional se ha hecho pública tras declaraciones recientes. Según informó Listín Diario, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FEDOCOM), reveló una práctica clandestina pero sistemática: los empresarios dominicanos están siendo obligados a pagar sumas elevadas directamente a bandas armadas de origen haitiano para poder cruzar mercancías y mantener sus operaciones comerciales activas. La cifra mencionada alcanza hasta los cinco mil dólares estadounidenses por semana, un monto que no representa una contribución voluntaria, sino un impuesto forzado dictado por la fuerza.
Esta situación refleja una realidad compleja en la frontera sur de la República Dominicana y en las zonas de influencia haitiana. Durante años, el comercio informal y el contrabando han sido mecanismos de subsistencia para algunos sectores, pero cuando estas dinámicas se organizan bajo la protección de grupos armados que imponen sus propias reglas, el Estado pierde su soberanía efectiva sobre el territorio. El hecho de que estos pagos sean semanales sugiere una estructura organizada y sostenida en el tiempo, lo que indica que no se trata de incidentes aislados, sino de un modelo de negocio paralelo que compite con la legislación aduanera vigente.
Contexto institucional y legal: ¿dónde está la frontera?
Para comprender la magnitud del problema, es necesario revisar el marco legal y político en República Dominicana. La Constitución establece la soberanía nacional sobre todo su territorio, incluyendo las zonas fronterizas con Haití. Sin embargo, históricamente, la gestión de estas fronteras ha estado marcada por desafíos logísticos, económicos y a veces políticos. En años recientes, el gobierno dominicano ha reforzado su presencia en la frontera mediante operaciones de seguridad y acuerdos internacionales para controlar el flujo migratorio irregular y el tráfico ilícito.
El Código Penal Dominicano tipifica como delito el contrabando, la estafa y la asociación ilícita con bandas armadas. Asimismo, existen leyes de protección al comerciante formal que buscan garantizar un entorno competitivo justo. No obstante, cuando los actores económicos deben recurrir a pagos extorsivos para operar, se evidencia una falla en la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas. La FEDOCOM y otras asociaciones empresariales han sido testigos de cómo estos cobros desvirtúan el concepto mismo de comercio libre y legal, transformando a los empresarios en meros transportistas de capitales hacia grupos armados extranjeros.
Impacto económico y social: ¿quién paga la factura?
El impacto de esta práctica va más allá de las cifras reportadas. Los cinco mil dólares semanales que menciona Iván García no son un gasto aislado; representan una fuga masiva de divisas hacia economías ilegales, lo que erosiona la competitividad del sector privado dominicano. Este fenómeno afecta directamente a los pequeños y medianos empresarios, quienes veen incrementados sus costos operativos sin un retorno proporcional en ventas ni estabilidad jurídica. Además, estos grupos armados suelen utilizar parte de esos recursos para financiar actividades ilícitas más amplias, como el tráfico de personas, la venta de drogas o la extorsión a otros sectores.
El comercio transfronterizo es vital para la economía dominicana, especialmente en regiones fronterizas donde el intercambio de bienes permite el abastecimiento de mercados locales. Cuando este flujo se convierte en un negocio criminal, se altera el equilibrio económico y se desincentiva la inversión formal. A nuestro juicio, esto no es solo un problema de seguridad, sino una crisis de gobernanza que requiere atención urgente. Las autoridades deben preguntarse: ¿por qué persisten estas bandas si existen mecanismos legales para su erradicación? ¿Cuál es el nivel de infiltración real en las instituciones locales?
Preguntas abiertas y caminos hacia la solución
- ¿Cómo se ha logrado que estos grupos armados operen con tal impunidad durante tanto tiempo?
- ¿Existe una protección estatal tácita o simplemente una inacción deliberada por parte de las autoridades de seguridad?
- ¿Qué medidas concretas puede tomar el gobierno para romper este ciclo de extorsión sin afectar el comercio legítimo?
Cabe preguntarse si la solución reside únicamente en acciones militares o si es necesario un enfoque integral que incluya cooperación internacional, diplomacia económica y fortalecimiento institucional. La presencia de bandas haitianas no es exclusiva de República Dominicana; es un problema regional que requiere soluciones binacionales. Sin embargo, mientras tanto, los empresarios dominan siguen pagando este “impuesto” por la fuerza, lo que demuestra la fragilidad del orden económico nacional.
La situación reportada por Listín Diario a través de Iván García sirve como alertar sobre la urgencia de actuar antes de que el comercio formal sea completamente desplazado por el informal forzado. El Estado debe recuperar su autoridad sobre las fronteras y garantizar que ningún actor pueda imponer sus propias tarifas bajo amenaza de violencia. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema económico y proteger a los millones de dominicanos que dependen del comercio para su sustento.