Por largo tiempo la justicia se convir­tió, prácticamente, en un rehén del poder político, incapaz de abordar y penalizar los grandes casos de co­rrupción que estallaban o se incuba­ban en las esferas del gobierno o del Congreso.

El caso Odebrecht, uno de los más notorios por su dimensión multinacional, es un ejemplo elo­cuente. Mientras presidentes, ministros y otras fi­guras “intocables” eran juzgados y condenados por sus implicaciones en los sobornos en diferen­tes países, aquí la historia resultó distinta.

Maniatada como estaba, por la sumisión a los llamados “poderes fácticos”, la justicia perdió su autoridad y credibilidad, el mismo síntoma que hoy afecta al sistema partidario que se auto-debi­litó y se corrompió al ser penetrado por gentes del narcotráfico y de los negocios turbios que, como virus mutantes, también se incardinaron en otras áreas del Estado.

Ahora que el ministerio público actúa en la práctica y en las convicciones como independien­tes del Poder Ejecutivo, estamos presenciando el “boom” de la persecución contra la corrupción, sin miramientos de vínculos políticos o familiares, algo que hubiese sido inaudito en otros tiempos.

La carga de responsabilidad histórica que ese ministerio público tiene sobre sí lo reta a definir y propiciar un nuevo rumbo para la justicia y pa­ra el imperio de la transparencia en el manejo de los recursos públicos o privados, tarea no exenta de presiones, de posibles interferencias y hasta de las aventuras desesperadas de quienes desean ce­rrarle el paso a esta misión reivindicativa.

Si nuestras autoridades máximas del minis­terio público, a la cabeza de las cuales está la magistrada Miriam Germán, no se amedren­tan ni cogen corte frente a la natural resisten­cia que opondrán los que siempre se han lu­crado de lo ajeno, entonces podríamos estar presenciando el inicio de una metamorfosis para cambiar impunidad y venalidad por jus­ticia y sanción.

Con manos libres, la justicia puede operar con más determinación y libertad para quitarle al era­rio los nidos de garrapatas que siempre se han en­quistado con el apoyo o la irresponsable omisión del poder político, y para ponerle un freno a los que meten sus manos sucias en los bienes del pue­blo contando con la clásica permisividad e indul­gencia de una justicia vana e inútil.