Aunque se vea como “cuerpo del delito” en un caso de corrupción de envergadura, la cárcel Las Parras no puede dejarse al abandono mientras los demás recintos penitenciarios están abarrotados de presos.
Más allá de los pecados capitales que se atribuyen al gobierno que la construyó, una inversión de más de 7,000 millones de pesos no puede ser tirada por la borda mientras la justicia dilucida las irregularidades denunciadas.
Al mantenerla cerrada y sin uso, su deterioro será inevitable.
Lo que procede es que, tras una evaluación de sus condiciones actuales, se destinen los recursos necesarios para ponerla en condiciones de recibir presos.
Todo eso puede acometerse, como dice la Fundación Institucionalidad y Justicia, mientras la investigación del ministerio público avance hasta juzgar y condenar a los responsables de las irregularidades detectadas en el proceso de licitación y concesión de esa obra.
Los fondos aplicados a su construcción provienen de los dineros devueltos por la firma Odebrecht al Estado dominicano para resarcirlo tras el escándalo de los sobornos pagados a funcionarios con tal de ganar la adjudicación de otros proyectos en el país.
Luego de su terminación, se denunciaron fallas graves, como la de que el terreno es cenagoso e implicó alegados aumentos en los costos de construcción y que los concursos de adjudicación fueron manipulados.
Pero ante la realidad actual de que las cárceles están abarrotadas, insalubres e inadecuadas para el internamiento de reclusos, con más del 60 por ciento de ellos en condición de preventivos, abrir Las Parras está más que justificado.
Sin que con ello se violente el proceso judicial que, durante años, sigue en pie sin mayores resultados.
