La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) vuelve hoy a paralizar docencia en las escuelas públicas al anunciar la convocatoria de 18 concentraciones regionales para exigir aumento salarial, nombramiento de más educadores y terminación de unos 500 planteles a medio construir.
El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, dijo que no se ha convocado a paro de labores, sino a “movilizaciones consagradas en la Constitución de la República”, que procuran llamar la atención de las autoridades para lograr “un aumento decente”, aunque admite que afectarán la docencia.
Es obvio que hoy no se impartirá clases en ningún plantel público, otro día perdido que se agrega al lunes que tampoco hubo docencia por el feriado del Día del Trabajo, y como muchas otras suspensiones por paros, huelgas, movilizaciones, asambleas, congresos o porque lo decide la santa voluntad de la ADP.
De nada ha servido los ruegos de diversos sectores de la sociedad para que el Ministerio de Educación y la ADP emprendan un diálogo responsable, sincero, realista, sin choques de trenes ni cartas ocultas, en el que prime el derecho constitucional de los estudiantes a recibir docencia continua y de calidad.
La dirección de la ADP no ha tenido la gentileza de siquiera informar a las asociaciones de padres y tutores del programa de su lucha, que aplica únicamente en días laborales, para lo cual impiden ingreso o desalojan de las aulas a los estudiantes.
Al aplicar política sindical basada en el economicismo, que implica reducir todas sus actuaciones al aspecto económico, la ADP centra su ejercicio en huelgas y paros, pero olvida su obligación de coadyuvar a elevar la calidad del docente y no solo limitarse a exigir nombramientos de más profesores.
No se exagera si se afirma que la educación dominicana está muy cerca del despeñadero, que de poco ha servido la inyección de casi 80 mil millones de dólares a través de la ley del 4 %, recursos que en su mayoría se han ido por retretes de improvisación, ventajismo y corrupción.
Ha llegado el momento de advertirle a la Asociación de Profesores que sus demandas pueden ser legítimas, pero no más que las de millones de estudiantes de educación básica y preuniversitaria que reclaman educación de calidad impartida por docentes bien preparados.
El Ministerio de Educación y la ADP están compelidos a afrontar el presente y futuro del sistema educativo sin pretender ninguno que representan el ombligo del universo.
