El Informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2023 presentado ayer por el Departamento de Estado ha sido el más ácido y agresivo contra República Dominicana de todos los elaborados por Estados Unidos durante los últimos años, lo que causado asombro y preocupación en el gobierno.
Ese documento que enumera episodios de violaciones a derechos de ciudadanos nacionales y extranjeros, atribuidas a autoridades, no refleja ninguna cortesía diplomática; más bien es un reporte sobre supuestas atrocidades, incluidos asesinatos, perpetrada en su mayoría contra inmigrantes haitianos.
Sin importar lo que diga ese escrito debería reiterarse que Washington carece de calidad jurídica para enjuiciar de forma unilateral a otros países, condenarlos o exonerarlos entorno a acusaciones de transgresión a derechos humanos, atribución que corresponde a jurisdicciones internacionales.
Aun así, el gobierno dominicano esta compelido a responder a cada una de las denuncias y acusaciones formuladas por Estados Unidos que se refieren a homicidios ilegitimo o arbitrarios, tratos o castigos crueles, prisiones duras y potencialmente mortales, arrestos y encierros ilegales, entre otros ilícitos.
El informe resalta también lo que define como “grave corrupción gubernamental” y menciona en específico el expediente Operación Gavilán, con el arresto de 12 personas, incluidos fiscales y policías, acusados de aceptar sobornos a cambio de borrar antecedentes penales a unas 17 mil personas.
El Departamento de Estado dice tener pruebas de discriminación racial por parte de las autoridades contra personas de tez oscura y reportes de crímenes contra haitianos cometidos por la Policía y otras organizaciones durante operaciones de detención y deportación de migrantes, así como de muertes inexplicables bajo custodia.
Se intuye que las denuncias sobre discrimen racial, deportaciones de migrantes que requieren protección, repatriación de indocumentados, violación de privacidad, registros e incautaciones ilegales por agentes de Migración ayudan a reforzar una campaña internacional que procura persuadir a las autoridades a ser tolerante con el flujo migratorio haitiano.
Ante tan graves denuncias sobre violaciones a derechos humanos, que incluye “tratos o castigos crueles” contra la comunidad LGBTQI+, el gobierno tendrá que hilar fino, desmentir o explicar los casos o situaciones puntuales señalados por Washington, pero sobre todo reiterar una y mil veces que República Dominicana no puede acarrear ni ahora ni nunca la profunda y dilatada crisis haitiana y que, por tanto rechaza firmemente todas las presiones foráneas en sentido contrario.
