En una suerte de mea culpa el Gobierno asumió el compromiso de aplicar la ley sobre la migración y la contratación de mano de obra haitiana.
El Pacto de Nación por la crisis de Haití podrá ser muy importante, pero lo cierto es que para aplicar la ley no se necesita más que voluntad.
La organización de manera integral de la inmigración haitiana, a lo que el Gobierno se comprometió al suscribir el acuerdo, ha debido hacerse desde hace mucho sin necesidad de ningún convenio.
Muchos de los problemas que hoy se tienen con la presencia de indocumentados de la vecina nación se han debido a esa suerte de dejar hacer y dejar pasar.
Los haitianos ilegales son contratados para diferentes actividades por la simple razón de que resultan más económicos para sus empleadores. Lo saben hasta los chinos de Bonao.
La crisis de seguridad y gobernabilidad, más el conflicto con el trasvase en el río Masacre que se construye en la vecina nación, cuyo territorio es controlado en su mayor parte por pandillas criminales, ha incrementado la alarma sobre el impacto de la crisis en esta parte de la isla.
Con el pacto el Gobierno recibió luz verde de los firmantes para aplicar la ley.
