Dentro de los aspectos novedosos que contiene la Constitución del año 2010, se encuentran los derechos de ciudadanía, los cuales a pesar de no estar contenidos dentro del título II que se refiere a los derechos fundamentales, son considerados como super fundamentales.
En este contexto, este derecho de que son acreedores los ciudadanos está contemplado en el artículo 22.4, estableciendo que las personas tienen derecho a: “Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades (…)”.
En ese orden, el ejercicio de este derecho les permite a las personas convertirse en veedores y fiscalizadores de las actuaciones de los funcionarios públicos. En ese sentido, esta función de control ciudadano se enmarca en el control externo, que ejerce el Poder Legislativo, la Cámara de Cuentas y la ciudadanía. En este contexto, en el artículo 246 de la Constitución se establece que: “El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República (…)”.
En esa misma línea, un buen ejemplo del ejercicio del derecho de petición, se encuentra en una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional (TC) cuando la Cámara de Diputados, que forma parte de uno de los poderes del Estado y es el órgano de mayor legitimidad y representación democrática, le negó a un ciudadano la entrega de informaciones solicitadas a través de la Oficina de Libre Acceso a la información Pública.
En ese sentido, esta negación de información provocó que el ciudadano presentara una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. En este caso, llegó hasta el TC, y este como garante de la supremacía de la Constitución y de la tutela de los derechos fundamentales, mediante la sentencia TC-0042-12, ordenó a la Cámara de Diputados que entregara las informaciones solicitadas.
En síntesis, a través del ejercicio del derecho de petición, las personas tienen la oportunidad de fiscalizar las actuaciones de las instituciones del Estado. Además, que con este accionar contribuyen al fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad y a mejorar la calidad del gasto público. Por tales razones, los dominicanos ejerciendo estos derechos de ciudadanía, tenemos la oportunidad de participar de manera activa en la construcción del país que queremos legarle a las futuras generaciones.
