En naciones con altos índices de desarrollo humano las políticas de prevención preceden y superan en seguimiento y atención a las referidas a mitigación de desastres por ser la vía más expedita para salvar vidas y bienes, así como sustentar o consolidar crecimiento económico, gobernanza y convivencia.
República Dominicana está expuesta a sufrir catástrofes por paso de ciclones, riesgo de terremoto o brotes epidémicos, además de imprevistas calamidades, como fue la tragedia de San Cristóbal causada por una explosión cuya causa aún no ha sido claramente precisada.
El Estado carece de una eficaz plataforma jurídica y logística de prevención y mitigación de desastres, a lo que se atribuye que ante cualquier percance, en vez de un protocolo previamente diseñado, impere la improvisación, negligencia e imprudencia.
La mayoría de las veces, el saldo en pérdidas de vidas o daños a propiedad pública y privada depende de lo que haga o deje de hacer un funcionario, sin que opere ningún esquema o un sistema nacional amparado en la ley y en conexión entre gobierno, sector privado y sociedad civil.
Resultaría ocioso enumerar múltiples ejemplos de tragedias o calamidades que pudieron evitarse con oportuna aplicación de políticas de prevención, pero se resalta que, además de pérdidas de vidas humanas, los daños han sido cuantiosos en los ámbitos de salud, agropecuaria, medio ambiente, vialidad y vivienda.
Aunque el dengue, que se transmite a través de la picadura de un mosquito vector, es un virus endémico, el brote epidémico que motiva congestionamiento en hospitales y clínicas privadas y un saldo este año de 43 fallecidos, es consecuencia directa de negligencia en la aplicación de programas preventivos.
Es ahora, en medio del tráfago sanitario, cuando las autoridades de Salud apresuran medidas para disminuir la incidencia del vector de esa infección, sin que previamente se utilizaran a trabajadores sociales y voluntarios en la tarea de promover la eliminación de recipientes con agua estancada en viviendas y traspatios.
Tampoco se conoce de ninguna campaña mediática para educar a la población sobre cómo evitar contraer dengue, por lo que ahora se ejecuta un programa de mitigación y no de prevención. Tampoco se aplica un plan nacional de vacunación para evitar las sorpresas de los «brotes” epidemiológicos. La propagación del dengue es resultado de la improvisación.
