Opiniones

El Código Electoral: la reforma #13 del diálogo nacional


El pasado lunes 30 de agosto, en el marco de la primera reunión del diálogo nacional que se efectúa en el Consejo Económico y Social (CES) se decidió, a propuesta del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), incluir el Código Electoral como una reforma adicional, a las 12 reformas originalmente planteadas por el presidente Luis Abinader en su convocatoria a este conclave nacional.

En consecuencia, el diálogo nacional ha quedado con la tarea de conocer 13 reformas: 1. La reforma de la transparencia e institucionalidad; 2. La reforma del sector eléctrico; 3. La reforma del sector agua; 4. La reforma de la Policía Nacional; 5. La reforma para la modernización del Estado; 6. La reforma por la calidad educativa; 7. La reforma de la Salud; 8. La reforma del transporte; 9. La reforma para la transformación digital; 10. La reforma fiscal integral; 11. La reforma laboral; 12. La reforma del sector hidrocarburos. 13. El Código Electoral.

La idea de que fuese elaborado un Código Electoral había sido introducida en el debate nacional por el presidente Abinader en una reunión que sostuvo en el Palacio Nacional con los partidos agrupados en Fopppredom, el 3 de noviembre de 2020. Desde ese momento, el presidente Abinader en varias ocasiones ha reiterado ese planteamiento, siendo una de las últimas ocasiones en el marco de las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura en la que fueron seleccionados los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Recientemente, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) entregó a los partidos políticos un documento de casi 400 páginas que contiene una serie de propuesta de modificaciones a las leyes núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y a la Ley núm. 15-19 de Régimen Electoral. Este documento de la JCE contiene motivaciones que explican la razón de esos cambios.
Una parte importante de las modificaciones sugeridas por la JCE están asociadas a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) declarando inconstitucional diversos artículos de ambas leyes.

En el mes de junio de este año, el bloque de diputados de los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Cívico Renovado (PCR) y Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) sometieron una propuesta de Código Electoral que consta de 18 títulos y 420 artículos en los que cuales se busca derogar las actuales leyes de Partidos Políticos y la de Régimen Electoral integrándolas en un solo texto.

Estas iniciativas de reformas promovidas por diversos actores e instituciones demuestran que en nuestro país existe preocupación por la idoneidad del marco legal que rige el sistema electoral y de partidos políticos. Además, refleja un interés en buscar una reforma que mejore el funcionamiento de los partidos políticos y del ecosistema electoral.

Sería pertinente preguntarnos: dado que se aprobó en el año 2018 la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y en el 2019, la Ley núm. 15-19 de Régimen Electoral, ¿por qué resulta necesario hacer una nueva reforma electoral? Más aún, ¿Por qué la mayoría de los partidos políticos coinciden en la necesidad de esta reforma?

La repuesta a esta interrogante podría residir en el hecho de que a pesar de que ambas leyes tuvieron como punto de partida unos anteproyectos que fueron preparados por la Junta Central Electoral (JCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el momento de la discusión en el Congreso Nacional se introdujeron modificaciones sustanciales que no contaban con el consenso de la mayoría de los partidos políticos y se colocaron una serie de disposiciones inconstitucionales que posteriormente han sido anuladas por el Tribunal Constitucional.

En adición, la premura en la aprobación de las referidas leyes conllevó que se adoptaran disposiciones contradictorias y una serie de imprecisiones que han hecho inoperantes varios aspectos de ambas normas.

En definitiva, ambas leyes no lograron pasar, satisfactoriamente, la evaluación de constitucionalidad ni el examen práctico del reciente proceso electoral, por consiguiente, como se diría en el sistema educativo, se ha reprobado la materia y en consecuencia hay que hacer nuevamente la tarea de reforma al sistema electoral y de partidos políticos.

En el 2023 se cumple un siglo de la aprobación de nuestra primera legislación electoral, la Ley Electoral núm. 35, que fue adoptada en el 1923. En consecuencia, ahora corresponde honrar la conmemoración de estos 100 años de legislación electoral, efectuando la ardua tarea de construir un consenso amplio que produzca el Código Electoral que nuestro país necesita.

Estamos esperanzados en que, en esta ocasión, la prudencia, el consenso, el respeto por la Constitución y el estado de derecho sean la guía que nos conduzcan a obtener un Código Electoral acorde a las necesidades que tiene nuestro sistema electoral y de partidos políticos. ¡Qué Dios nos ayude a lograr esta importante meta!



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