Recientemente, hemos observado con asombro los detalles de la Operación Falcón, que según las autoridades del Ministerio Público, era una red de narcotráfico cuyos implicados han movilizado más de tres mil millones de pesos. Este operativo implicó la realización de 80 allanamientos en el Distrito Nacional, Santiago, y otras provincias del país, en los que fueron incautados bienes inmuebles y muebles que abarcan desde estaciones de combustibles, vehículos de alta gama, apartamentos, solares, hasta relojes de lujo.
Resulta llamativo que el operativo incluyó la rocambolesca escena de persecución de un funcionario público, el entonces director de Comunidad Digna, el exdiputado Juan Maldonado, quien al ser considerado por la PGR como un extraditable por su presunta vinculación a la red de narcotráfico fue perseguido e intentó eludir a las autoridades con la ayuda de un diputado, Héctor Darío Féliz Féliz (mejor conocido como Pirrín).
En los últimos cinco meses ha habido cinco legisladores apresados y acusados formalmente de estar vinculados al narcotráfico. Se trata del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue arrestado en mayo de este año en Miami; la diputada Rosa Pilarte López, que fue acusada por la Procuraduría General de la República de lavado de activos provenientes del narcotráfico y de estar vinculada a la alegada red que supuestamente encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López); los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil y Héctor Darío Féliz Féliz que están acusados de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Esta insólita situación es de tal magnitud que, desde la transición a la democracia, efectuada en el 1978 hasta la fecha, es la primera vez en nuestra historia democrática que cinco diputados activos y un funcionario público en ejercicio son apresados y/o acusados formalmente de estar vinculados al narcotráfico.
Si bien es cierto que resulta loable que el Gobierno dominicano y el Ministerio Público hayan mostrado la determinación y disposición de que sin distinguir la investidura, partido político o cargo que ocupe, sea perseguida y apresada cualquier persona relacionada con el tráfico ilícito de drogas, no es menos cierto que genera preocupación la dimensión de la infiltración del narcotráfico en los poderes del Estado que evidencian estos casos.
La institucionalidad democrática bajo ataque
Sin dudas que esta situación debe convocarnos a la reflexión, ya que la experiencia en la región evidencia que el narcotráfico no desistirá hasta lograr una amplia cooptación de los poderes del Estado con la finalidad de facilitar el auge de su ilícito negocio.
Por ejemplo, el precursor de esta modalidad de infiltrar el narcotráfico en el Poder Legislativo con la presencia de narcodiputados fue Colombia, cuando en el año 1982 fue electo como diputado el tristemente célebre narco Pablo Escobar. Desde esa época hasta la fecha se ha llevado a la justicia más del 30 % del Congreso por vínculos con paramilitares relacionados con narcotráfico.
En el caso de México, la lucha del narcotráfico por determinar quienes resulten electos como alcaldes, gobernadores y legisladores ha convertido los procesos electorales en carruseles de la muerte, siendo el país en el que se produce la mayor cantidad de muertes por violencia política. Solamente en las elecciones efectuadas el 6 de junio de este año en México, fueron registrados 230 asesinatos vinculados a la política. Según un reporte especial del prestigioso periódico estadounidense los Ángeles Times, la consultora Etellekt documentó más de 780 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación en mítines, que superaron las 774 de las elecciones de 2018.
En Honduras, las garras del narcotráfico infiltraron el entorno presidencial, entre el 2014 y el 2017 se extraditaron a Estados Unidos los jefes del cartel de los Cachiros –liderados por los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga-, quienes en sus delaciones provocaron que un hermano del actual presidente de honduras, Juan Orlando Hernández, y un hijo del anterior presidente Porfirio Lobo, fuesen apresados y extraditados a Estados Unidos.
Como se puede apreciar, se trata de un problema complejo y transnacional. La privilegiada posición geográfica de nuestro país nos convierte en un puente estratégico para el tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos y Europa. En consecuencia, nos convierte en blanco de los carteles internacionales de drogas, los cuales requieren facilidades para operar su ilícito negocio sin contratiempos por lo que infiltrarse y cooptar los poderes del Estado les resulta imprescindible.
La batalla contra el narcotráfico requiere cooperación internacional, la elaboración de un plan integral y unidad nacional. Tenemos que defender nuestra democracia: no podemos permitir que el dinero del narcotráfico sea determinante en ninguno de los niveles de cargos de elección popular. Además, debemos proteger de la cooptación el sistema de partidos, el poder judicial y nuestras fuerzas del orden.
