Los presidentes de Estados Unidos y México junto al primer ministro de Canadá sostuvieron un encuentro para revisar el Tratado de Libre Comercio que involucra a esas naciones, conocido como el T-MEC, que requiere ser actualizado en temas como buenas prácticas regulatorias, anticorrupción, telecomunicaciones y transparencia, medidas sanitarias y fitosanitarias.
Ese tratado comercial involucra a la principal economía del mundo con dos de las más importantes del continente, al punto que el intercambio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos asciende más de 650 mil millones de dólares año, y 26 estados de ese país consideran a la nación azteca como su principal socio.
Es verdad que durante su reunión en territorio mexicano, los jefes de Estado y de Gobierno, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, abordaron otros temas, como migración y narcotráfico, pero la convocatoria estuvo básicamente centrada en la revisión del T-MEC.
El primer convenio de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México data del 1 de enero de 1994, y la última renegociación se produjo el 18 de agosto de 2018, para entrar en vigencia el 8 de julio de 2020, por lo que ahora sería una nueva versión que tendría duración por 16 años.
Cuando hace 29 años se firmó el entonces denominado TLCAN, los gobiernos de Centroamérica iniciaron una ofensiva para que Estados Unidos encaminara también un acuerdo comercial con la región, lo que se logró en 2001, con la inclusión en último momento de República Dominicana.
La historia de esos TLC de Norte y Centroamérica deja claro que es posible su revisión, actualización o readecuación, más aún, si en el caso del DR-Cafta, han transcurrido 20 años desde su puesta en vigencia, tiempo durante el cual el comercio internacional ha cambiado radicalmente.
El DR-Cafta no ha resultado beneficioso en términos de instalaciones de fábricas de partes automotrices o de componentes de alta tecnología, ni en reducción de precios al consumidor de vehículos, equipos industriales o electrodomésticos, pero coloca en serio peligro al sector arrocero nacional.
Es por eso que el gobierno dominicano debe encaminar una ofensiva diplomática junto a sus pares centroamericanos para solicitar a Washington proceder a una revisión de ese tratado, a los fines de impregnarle mayor garantía de equidad en el intercambio de bienes y servicios entre Estados Unidos y la región, que hoy por hoy es altamente deficitario para Centroamérica y República Dominicana.
