Actualmente, hay 700 organismos y ejecutan un billón 477 mil 882 millones de pesos; ministro dice reto es eficiencia
Hablar del Estado es referirse al orden político y social de un territorio, conformado por instituciones y órganos que hacen una nación más organizada y eficiente.
La República Dominicana cuenta con un Estado que, a través del tiempo, ha ido creciendo y expandiéndose en gran escala en términos presupuestarios, operativos, logísticos y burocráticos, pero también a nivel de infraestructura, lo que provoca que las instituciones se encuentren diseminadas por todo el país y que incluso, se recurra al arrendamiento de edificios para su funcionamiento y el alojamiento de todos los colaboradores que mantienen con vida a esos organismos.
Según datos del Ministerio de Administración Pública, el total de organismos del Estado en la República Dominicana es de 700, cantidad que desde hace un tiempo es cuestionada por considerarse alta e innecesaria por muchas razones pero, principalmente, por duplicidades que hacen del Estado más complejo, burocrático e ineficiente.
Los 700 organismos se dividen de la siguiente manera: dos son del Poder Legislativo que son la Cámara de Diputados y el Senado de la República; cinco del Poder Judicial, que son el Consejo del Poder Judicial (CPJ), la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC), la Dirección Nacional de Registro de Títulos (DNRT), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ); y seis que son órganos constitucionales extrapoder con autonomía reforzada, que son el Banco Central de la República Dominicana (BCR), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), el Defensor del Pueblo (DP), la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Superior Electoral (TSE).
Por otro lado, está el Poder Ejecutivo que se divide de la siguiente manera: en el área de coordinación de gabinetes con 25 ministerios, 39 son consejos, comisiones y comités y 130 direcciones generales que son organismos desconcentrados funcionalmente. Además, están los organismos desconcentrados territorialmente, entre los que 100 son organismos llamados como descentralizados funcionalmente o entes con personalidad jurídica y los gobiernos locales con 158 ayuntamientos y 235 distritos municipales.
¿Cómo ha ido creciendo el Estado en términos presupuestarios?
El crecimiento que ha tenido el Estado dominicano o de la administración pública no sólo se ha expandido en cantidad de organismos o entidades, sino también en términos presupuestarios. La tendencia del presupuesto nacional es siempre al alza con un monto cada año mayor que el anterior.
Tomando como referencia datos ofrecidos a elCaribe por la Dirección General de Presupuesto, desde el año 2014 a la fecha, el Estado ha crecido de manera importante, de acuerdo con el dinero ejecutado por el Gobierno central, los organismos descentralizados y autónomos, así como las instituciones de la Seguridad Social.
En el año 2014, el presupuesto ejecutado ascendió a 512 millones 757 mil de pesos, pero luego, en 2015, el monto ejecutado aumentó a 541 millones 406 mil pesos.
Ya para 2016, la cifra se elevó a 611 millones 878 mil pesos; en el 2017 pasó a 679 millones 835 mil pesos; en 2018, llegó a 750 millones 952 mil pesos y en 2019, aumentó a 825 millones 551 mil pesos.
En 2020, la República Dominicana pasó a la cifras de los billones, debido a que en ese año, el presupuesto ejecutado ascendió a un billón 062 mil 568 millones de pesos y en 2022, lo consumido por el Estado fue un billón 298 mil 919 millones de pesos.
En este 2023, de acuerdo con lo formulado por la Dirección General de Presupuesto, la cifra ascenderá a un billón 477 mil 882 millones de pesos y en el próximo año 2024, a un billón 748 mil 464 millones de pesos.
Más de 4 mil millones en alquileres y rentas
Muchos de los 700 organismos del Estado no cuentan con un edificio propio, por lo que para su funcionamiento y operatividad tienen que recurrir al arrendamiento. En informaciones compartidas a elCaribe por la Dirección General de Presupuesto, en el año 2022 había un gasto de arrendamiento de 4 mil 247 millones 862 mil 064 pesos con 58 centavos, de los cuales 4 mil 107 millones 337 mil 792 pesos con 33 centavos se destinan en alquileres y rentas de edificaciones y locales. Mientras que lo demás se gasta en alquiler de tierras por 134 millones 795 mil 954 pesos con 25 centavos y en alquileres de terrenos por 5 millones 728 mil 318 pesos.
MAP: persisten órganos que han caído en obsolescencia
Para el ministro de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, en la actualidad persisten algunos órganos cuyas misiones han caído en una condición de obsolescencia. Sostiene que, a la fecha, también se comprueba algún grado de dispersión y duplicidades en algunos sectores y diseños organizacionales que no facilitan la gobernanza de las políticas públicas.
Todo esto, Castillo Lugo lo cita como el “verdadero problema” que no va relacionado, necesariamente, con el tamaño per se del Estado, sino “del nivel de eficiencia y efectividad que las instituciones manifiestan en materializar las políticas públicas”.
Consultado por elCaribe, el funcionario menciona que algunas entidades constituyen aciertos importantes en el período democrático de la nación, como es el caso de algunas creaciones de los últimos años como el Ministerio de Medioambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Turismo.
“Para explicar el surgimiento de los órganos públicos es siempre importante analizar el contexto en que se crearon, así, por ejemplo, podemos entender la creación de organizaciones como la DNCD, en un momento en que la Policía Nacional mostraba debilidades reales para enfrentar el tráfico de drogas”, explica.
Pero agrega: “En otros casos, asistimos a la creación de órganos con vocación de protección social ante la gran demanda de asistencia social y la inexistencia de respuestas orgánicas por parte de las instituciones públicas destinadas a enfrentar el problema, o la creación de gabinetes, consejos y comisiones que claramente duplican funciones asignadas a los ministerios, pero casi siempre son roles desatendidos por esos ministerios, que llevan a la decisión de estructurar nuevas entidades en vez de fortalecer los órganos destinados a atender esas demandas o decisiones motivadas por el clientelismo político”.
El ministro de Administración Pública precisa que, en ese sentido, el presidente Luis Abinader ha sido el único gobernante que ha clausurado y liquidado instituciones, como el caso del el cierre Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) –envuelta en muchos escándalos de corrupción-. Apunta que esa era una organización que desde su origen, duplicaba funciones de otros órganos y que nunca debió crearse.
Eliminación de instituciones a la llegada del Gobierno
A la llegada al Gobierno en el año 2020, el presidente Luis Abinader inició un proceso de eliminación y fusión de instituciones que para ese entonces manejaban más de 14 mil millones de pesos en presupuesto. Tal es el caso del Despacho de la Primera Dama que tenía un presupuesto de RD$970,571,850; el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) que contaba con un presupuesto de RD$3,054,257,730.
Además de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) con un presupuesto de RD$8,679,779,575; el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con un presupuesto en 2020 de RD$1,820,138,804 y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
Instituciones acumulan intereses en su entorno
Al referirse a cómo ha ido evolucionando el Estado, el ministro de Administración Pública sostiene que a través de la historia republicana se han vivido momentos muy diversos, pero que en general las instituciones se han ido acumulando debido a la cultura predominante de que un órgano creado tiende a permanecer en el tiempo porque se generan muchos intereses en su entorno. “Muy pocos gobiernos han abordado seria e íntegramente esa problemática; a sabiendas de ello, el presidente Abinader ha emitido el decreto 149-21 que aprueba el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública”, apunta.
Eficiencia de la gestión pública
Al preguntársele al ministro de Administración Pública sobre si hay beneficios en que haya tantos organismos en el Estado, este asegura que técnicamente no se puede hablar de “beneficios o perjuicios asociados al tamaño del Estado”.
Con seguridad, el funcionario que también estuvo involucrado en el proceso de eliminación de instituciones en una comisión, señala que la organización del Estado es una respuesta estratégica a una necesidad nacional o sectorial y que lo pertinente es hablar de calidad del gasto, del tamaño relativo del gasto corriente versus el gasto de capital; del tamaño de la nómina pública sobre la población económicamente activa y la población total ocupada, así como otras dimensiones que reflejan el grado de eficiencia de la gestión pública en un momento, en un periodo histórico y su vinculación con el estado de desarrollo de la sociedad en su conjunto. “El tamaño del Estado, y en particular de la Administración Pública, es un tema de discusión permanente en los foros especializados. Con frecuencia, hemos ido cambiando de los paradigmas originarios que asumían al Estado como el proveedor absoluto de los bienes y servicios públicos, al paradigma neoliberal del Estado mínimo, hasta arribar a posiciones más recientes y razonables que plantean un Estado del tamaño necesario”, refiere.
Sobre lo que está haciendo este Gobierno, Darío Castillo Lugo recuerda que esta Administración se plantea un “Estado Eficiente”, orientado a garantizar derechos y servicios públicos de calidad, que incorpora formas y tecnologías novedosas para agilizar la prestación de esos servicios, con un Estado racional, profesionalizado y efectivo, que convierta cada peso invertido en valor público para los ciudadanos.
“En ese sentido, estamos abordando esa problemática de manera estructural, priorizando campos y sectores y asegurando siempre el cumplimiento de nuestro marco regulatorio”, dice en la entrevista que tuvo de manera especial con elCaribe.
