La Constitución del Estado debe ser siempre protegida y tutelada, aun en los períodos en los cuales requiere ser modificada para colocarla a tono con nuevos escenarios jurídicos, políticos o sociales, nunca para subyugarla a intereses de personas, grupos o poderes nativos o supranacionales.
El Texto Sustantivo es fuente, vía y guía de los derechos ciudadanos, por lo que, cuando algún poder del Estado vulnera esos postulados, hiere gravemente a la democracia y desbroza caminos para la instalación de regímenes de fuerza de izquierda o de derecha.
Tan nocivo resulta lacerar la Carta Magna mediante constante violación a sus preceptos y normas, como los intentos de modificarla o suplantarla para dar riendas sueltas a bajas pasiones políticas o excesivas ambiciones de poder, aun sea con la excusa de recuperar el control sobre la seguridad interior del Estado.
En América Latina se escenifican alianzas entre poderes del Estado, grupos económicos y formaciones políticas para malograr principios constitucionales con la finalidad de desviar la primigenia fuente del derecho que radica en el respeto a la voluntad popular.
Es lo que ha sucedido en El Salvador, donde el presidente Bukele hirió de muerte a la constitucionalidad bajo el pretexto de que serviría para erradicar a las pandillas que asolaban a esa nación, como si la propia ley de leyes no consignara normas jurídicas para combatir la delincuencia y criminalidad.
Lo mismo ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, en permanente estado de convulsión política, social y económica por la insistencia de gobiernos y colectivos fácticos de inocular en la anatomía constitucional veneno de represión e intolerancia.
Conviene advertir que tan nocivo resulta modificar la Constitución a conveniencia de gobernantes, como nociva la práctica de violar de manera consciente y persistente sus postulados, que sería lo mismos para los fines de provocar inestabilidad e incertidumbre.
Las reformas institucionales se encaminan para el porvenir y no para beneficiar a personas físicas o jurídicas como resultado de una coyuntura, sino para fortalecer el Estado de derecho y de convivencia social, lo que, obviamente ayuda a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.
La consolidación del espacio democrático en República Dominicana requiere de una firme voluntad política de los Poderes Públicos de fungir de salvaguarda de la Constitución y del compromiso de respetar y aplicar sus preceptos sustantivos y sus derivaciones adjetivas.
