EL AUTOR es abogado.
Reside en Santo Domingo.
En el ámbito jurídico este gobierno en su primer año no fue prolífico. Hubo violación a la Constitución y no tuvo avances.
Fue un año donde no hubo logros legales. Se caracterizo por no presentar iniciativas legales ni promulgar nuevas leyes que ordena la Constitución. A penas promulgo no más de 3 leyes.
En el ámbito de las Altas Cortes, la elección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura violo la Constitución, toda vez, que la cuota de la mujer no fue cumplida. La mujer fue excluida en su cuota.
El Defensor del Pueblo, su escogencia, también violo la Constitución. El titular y sus adjuntos debieron ser escogido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, fueron seleccionados por la Cámara de Diputados. Esto es fue una distorsión constitucional.
El Ministerio Público en su persecución del delito fue un gran violador de los Derechos Humanos y fundamentales. Sus violaciones fueron tan fuertes que la sociedad civil creo El Observatorio por un Justo Proceso, como consecuencia de las violaciones que cometen los fiscales al debido proceso y a los imputados en sus investigaciones.
La lucha contra corrupción fue un matadero procesal. Los arrestos de noche en violación al código procesal, publicidad de los arrestos, violación al principio de inocencia, filtraciones de informaciones relacionado a la investigación, maltrato a la dignidad de los arrestados y aislamientos de arrestados en las cárceles fueron los escándalos más notorios que marcaron a la supuesta procuraduría general independiente.
Un aspecto que se resalta en este primer año es que las persecuciones contra el delito de corrupción son selectivas. Los casos de corrupción que afectan al propio gobierno no son tratados de igual forma como los de casos de corrupción de otro gobierno.
El presupuesto que por ley le toca al Ministerio Público no fue cumplido en este gobierno. A penas le asignaron RD$7,005.6 millones lo que representa una reducción de RD$4,709.4 millones con respecto a la partida establecida para el corriente 2020, disminución que equivale al 40.19%.
Mientras que para La Suprema Corte de Justicia su presupuesto para el año 2021 no cumple la partida del 2.66 por ciento, de acuerdo con lo establecido por la Ley 194-04. Su presupuesto fue de RD$8,619.3 millones, que equivale al 1.0 por ciento del presupuesto general.
Finalmente, en materia penitenciaria hubo un gran retroceso. Se promulgo una nueva ley que se aleja de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas de Mandela. La anterior ley, No. 224, fue una ley que sintonizaba con las Reglas de Mandela, fue superior y más respetuosa de los derechos de los internos. A esto se les suma las denuncias a las violaciones de la dignidad de los internos.
En fin, el Estado Constitucional de Derecho tuvo retrocesos, afectaciones a los valores democráticos y republicanos. No estamos cambiando.
JPM
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