La reducción del número de generales se ha citado siempre como una de las razones por las que la reforma de la Policía que se aprobó en 2016 nunca se aplicó.
La depuración de los altos oficiales, que por su falta de funciones sólo representan una carga para el fisco, ha vuelto a plantearse entre los principales puntos para la transformación del desacreditado cuerpo. La comisión que trabaja en un proyecto para sanear y profesionalizar la institución consideró que es necesaria una verdadera profilaxis para apuntalar la confianza en los agentes.
Es posible que tras la auditoría ordenada por el presidente Luis Abinader salgan a relucir los grandes males que le han impedido a la entidad cumplir con su rol de protector del orden público y de la seguridad ciudadana. La comisión que coordina Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), estimó que el cuerpo no necesita más de 21 de los 47 generales con que cuenta.
Pero también es abultado el número de coroneles y oficiales superiores, a lo que se agrega la elevada cantidad de agentes que cobran sin prestar servicios en la institución.
No será tan simple, pero para que sea completa la reforma de la Policía no puede dejar cabos sueltos. El caso de los altos oficiales, los agentes al servicio de particulares y los que sólo cobran son parte de una amplia gama de problemas que tienen que abordarse en la reforma.
