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¿Genocida en camuflaje histórico-militar? | AlMomento.net


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EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Vetustamente, las leyes dominicanas han sido elaboradas para privilegiar la impunidad a los chapados del linaje dominante, y oficiales de alto rango, autores de episodios bestiales, han sido escondidos por el andamiaje del Estado, o procesados elásticamente en tribunales policiales y militares. Por esos desaguisados, los testimonios fidedignos de protagonistas y testigos paraninfan con más trascendencia sancionadora y más valor histórico que los instrumentos jurídicos ilegítimos, como los que se argumentan ante los cinco e irrepetibles sucesos en los que se incrimina al general Ramiro Matos González.

Por primera vez, el primero de mayo de 2022, tiramos el aullido de reproche avizor: “El general Matos, ¿fusilero o héroe?”, ha ingresado a nuestra Academia Dominicana de la Historia, el mismísimo que ha sido imputado de ”torturar, acribillar y rematar, sin bajar la cabeza ni sentir un agujero en el pecho, a insurrectos que se habían entregado a comandantes estatales, o habían sido arrestados”.

Ramiro Matos González

Y citamos, primero: Tener bajo su responsabilidad el enterramiento, en el patio de la Academia Batalla de las Carreras, de cerca de 100 expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, fusilados en 1959; segundo) ser el jefe de la operación, en 1963, que terminó con la eliminación física, en Las Manaclas, San José de Las Matas, de 15 guerrilleros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, encabezados por Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo). En tercer lugar, participar en los ataques a la población, durante la guerra patria de 1965; en cuarto: perseguir y capturar a Francisco Alberto Caamaño Deñó, masacrado en Nizaíto, San José de Ocoa, y quinto: coordinar, como secretario de las Fuerzas Armadas, la matanza de más de 100 dominicanos, en 1984.

Numerosas personas atestiguan y aportan evidencias sobre estos acontecimientos, tanto en medios escritos como en libros. Basta leer los textos Vivencias (Carolina Mainardi Vda. Cuello, Doña Conina), Constanza, Maimón y Estero Hondo. Testimonios e investigación sobre los acontecimientos (Anselmo Brache Batista), El Caribe (21 de diciembre de 2013), el Guerra de abril. Inevitabilidad de la historia (Ramiro Matos González), El guerrillero y el general (Hamlet Hermann y Ramiro Matos González), y Poblada y matanza (1984). Tres días de protestas y otros relatos (Oscar López Reyes).

Para comprender el sainete sobre este legendario castrense, hoy un arquetipo que revela la crisis de credibilidad del aparato judicial oficial, se impone contextualizar los acontecimientos aludidos entrecruzando la historia, el derecho y la epistemología o filosofía de la ciencia, con énfasis en la tipología ética. Y tenemos que comenzar señalando que en regímenes tiránicos y autocráticos se irrespeta la vida en el torniquete de la liberación del castigo, habida cuenta de que no existe un estado de derecho.

¿Se puede sostener que Ulises Heureaux (Lilís) y Rafael Leónidas Trujillo Molina y su hijo Ramis no cometieron ningún crimen, porque sobre ellos no pesan sentencias condenatorias de las cosas irrevocablemente juzgadas?

El siniestro e implacable jefe del Servicio de Inteligencia Militar (Sim) de la tiranía de 30 años escribió el libro “Trujillo y yo. Memorias de Johnny Abbes García”, y Víctor Alicinio Peña Rivera, jefe de operaciones de ese organismo en el Cibao, publicó la obra “Historia oculta de un dictador”, ¿serían aceptados en la Academia Dominicana de la Historia?

El criterio doctrinal judicialista, permeado por los intereses políticos coercitivos supraestatales para agachar delitos y evadir dictámenes penales, no está por encima de la realidad histórico-social que, sin cortapisas, amerita la narración y la interpretación exegética, en la colgadura de la tan anhelada veracidad sin tapujos.

El derecho no ejerce, nunca/jamás, supremacía sobre la verdad histórica, tapiada en la ventana de la clarificación y la conceptualización analítica fundamentada en la razón. La verdad histórica no está sujeta a normativas jurídicas.

Todas estas referencias son válidas para postular una teoría sobre la culpabilidad, y concluir que ha sido un error histórico garrafal de nuestra Academia Dominicana de la Historia acoger como miembro a la persona concernida. Unos lo atribuyen a un reflejo del predominio del tradicional pensamiento conservador de la mayoría de los intelectuales dominicanos, y otros están apuntando que se trata de un inconsciente lavado de imagen.

Historiadores de máxima capacidad y prestancia de la Academia se han perdido en lo claro, y es una terrible pena que carguen con ese oprobio. Están a tiempo de rectificar, sin dejarse confundir por pedrosantanistas que se anidan en su seno, y que no dudemos que propongan que, cuando Ramiro Matos fallezca próximamente, su cadáver sea depositado en el Panteón Nacional, para que retrete junto a Pedro Santana.

JPM

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