Del artículo 61 de la Constitución dominicana, que establece el derecho a la salud, se deriva que la alimentación también es un derecho, al estipular: “Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, (…)”. De igual forma queda consagrado en el artículo 54, sobre seguridad alimentaria, específicamente, conlleva la responsabilidad del Estado dominicano de: “El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria”.
Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre, según las normas internacionales de derechos humanos. En pocas palabras, se trata del “derecho a la alimentación”. El derecho a una alimentación adecuada comprende los aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos
Un enfoque de derechos para la alimentación supone reconocer la existencia de una demanda legítima de los individuos a la sociedad en la que viven (empezando, pero no terminando sólo en el estado) a tener acceso a una alimentación adecuada, lo que presupone asumir que la sociedad destinataria de esa demanda tiene suficientes recursos, tanto económicos como institucionales, para asegurar que todos sus miembros estén adecuadamente nutridos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye el derecho a la alimentación como componente del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, al establecer, en su artículo 25.1, que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
El enfoque de derechos para la alimentación es así parte de los enfoques de derechos aplicados al desarrollo que procuran implementar las obligaciones que los Estados asumieron bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas interpreta que: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.
El Convenio sobre la Ayuda Alimentaria tiene como objetivos contribuir a la seguridad alimentaria mundial y mejorar la capacidad de la comunidad internacional de responder a situaciones de emergencia alimentaria y otras necesidades de países en desarrollo.
La Ley No. 589-16 sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en su artículo 5, establece: “Seguridad alimentaria y nutricional: considera que todas las personas tienen acceso continuo y permanente, físico y social a los alimentos necesarios en calidad y cantidad suficiente, teniendo como base prácticas alimentarias que respeten la diversidad cultural y que son sostenibles social, ambiental y económicamente con el objetivo de llevar una vida activa y sana”.
A los Estados les urge aprobar una estrategia que garantice la seguridad alimentaria para todos, sobre la base de los principios de responsabilidad, transparencia y la participación popular de todos los sectores de la vida nacional.
