POR NILO V. DE LA ROSA
Recientemente el Senado de la República aprobó un proyecto de ley orgánica sobre el régimen electoral dominicano. De inmediato, la pieza pasó a la Cámara de Diputados causando una oleada de opiniones negativas por parte de múltiples sectores de la sociedad. Por su parte, la Junta Central Electoral (JCE) publicó un documento responsable en el cual manifestó importantes desacuerdos con el texto aprobado.
Sin menospreciar los demás aspectos observados tanto por la JCE como por otras importantes instituciones del país, me voy a referir únicamente al asunto del voto preferencial en el nivel municipal. Dicha modalidad electoral implica, al menos teóricamente, que el ciudadano pueda elegir de una lista “desbloqueada” el candidato a regidor o vocal, sin arrastre por parte del candidato a alcalde o director de distrito.
En virtud de la Ley 157-13 del año 2013, el voto preferencial de los regidores y vocales fue aplicado por primera vez en las traumáticas elecciones del año 2020. Pero, a raíz de una interpretación cuestionable del párrafo I del artículo 1 de la mencionada ley, la JCE de entonces mantuvo una especie de amarre entre los candidatos a alcaldes y directores, con respecto a los regidores y vocales.
Posteriormente el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0375/19 del 19 de septiembre del año 2019, que declaró inconstitucional el párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13. Éste disponía que los votos marcados en la casilla de los candidatos a diputados se sumaban a cada organización y en consecuencia a su candidato a senador, creando arrastre y fulminando el voto preferencial senatorial.
Sin embargo, la JCE no extendió la interpretación y aplicación del espíritu anti-arrastre de esta sentencia al nivel municipal. ¿Por qué la JCE mantuvo el llamado amarre entre el alcalde y los regidores? Porque el párrafo I del artículo de la ley en cuestión dispone que el voto preferencial (en general) se realiza por medio de listas “cerradas” y desbloqueadas.
Tanto en el saboteado voto electrónico de febrero como en el voto manual de marzo de 2020, se impuso un mecanismo de arrastre de facto. En el voto electrónico, por ejemplo, si el votante quería elegir al regidor Z del partido X, podía visualizarlo si y sólo si votaba por el alcalde del partido X. Creando así confusión entre candidatos y votantes que creían que el arrastre había sido eliminado.
Para agravar, la sentencia declaró conforme a la constitución el artículo 4 de la Ley 157-13. Este artículo impone el método D’Hondt para la asignación de escaños. Este método, reñido con el artículo 209 numeral 2 de la Carta Magna, implica que un candidato a regidor o diputado muy votado no necesariamente salga electo, versus uno poco votado que sí, porque el voto a fin de cuentas es para del partido.
El resultado no pudo haber sido otro. Una canibalesca competencia en la que en un juego de muerte súbita y de todos contra todos, los candidatos compitieron con todas las artes posibles no sólo contra los candidatos de otros partidos y coaliciones, sino contra los propios también. Consecuencia: Aumento astronómico del gasto y candidatos a alcaldes indeseables que lastraban regidores deseables.
Este ensayo fallido de voto preferencial tampoco hizo realidad su más pregonada bondad: Regidores y vocales de mayor calidad y más conectados con la ciudadanía. Para muestra sólo hay que observar el tétrico panorama del Concejo de Regidores del Distrito Nacional. Éste se caracteriza, mayoritariamente, por su mediocridad intelectual y su vinculación casi nula con los habitantes de la capital dominicana.
Desafortunadamente, el proyecto de ley aprobado por el Senado de la República mantiene intacto el esquema del año 2020. En su artículo 280 dispone que se utilizará el sistema establecido en la Ley 157-13, que establece el voto preferencial para la elección de diputados, regidores y vocales. La Cámara de Diputados está llamada a corregir esta situación o dejar que la ley cambie para que todo siga igual.
Para que el voto preferencial municipal no sea una pantomima nuevamente, es necesario lo siguiente: 1) Que sea implementado el voto electrónico; 2) Que las circunscripciones electorales sean divididas en zonas por cada regidor, de forma tal que el candidato sólo compita en su zona y; 3) Adoptar un sistema de asignación de escaños más justo y distinto al método D’Hondt.
Las municipales del año 2020 se convirtieron en un laberinto dantesco en el que todo lo que era, no era. Y en el que todo lo que no debía ser, fue. De continuar la dulce trampa del voto preferencial al estilo del año 2020, lo mejor es volver al antiguo método de arrastre con listas cerradas y bloqueadas que no sale tan costoso y complicado para los candidatos, los partidos, los votantes, la JCE y la República.
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