Se cumplen hoy 40 años del estallido, el 23 de abril de 1984, de una poblada en protesta contra abruptos incrementos de precios derivados de un acuerdo Stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas manifestaciones fueron reprimidas por el Ejército con desenlace de más de un centenar de muertos.
El lunes siguiente al feriado de Semana Santa de ese año, la población fue sorprendida con aumentos en los precios del arroz, habichuelas, grasas comestibles, carnes y otros artículos de primera necesidad, lo que motivó manifestaciones encadenadas en barrios populares y comunidades de provincia.
Las protestas se propagaron por gran parte del territorio nacional y en muchos lugares se produjeron saqueos, quemas de neumáticos y bloqueos de calles y avenidas, por lo que el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco dispuso la intervención de tropas militares para sofocar la poblada a sangre y fuego.
Se trata de uno de los sucesos más dolorosos en la historia contemporánea de la nación porque más de un centenar de hombres y mujeres cayeron abatidos, la mayoría con impactos de bala en la cabeza o en el tórax, clara señal de que los militares dispensaron un trato de guerras a los manifestantes.
A cuatro décadas de ese infausto acontecimiento, que se prolongó por tres días, aun no se esclarece con exactitud el número de muertos y heridos ni las razones por las cuales el presidente Jorge Blanco dispuso que el Ejército afrontara la poblada o por qué se ordenó disparar a mansalva contra los manifestantes..
Durante meses el equipo económico del gobierno negoció en ambiente de extrema discreción con una misión del FMI un acuerdo Stand by que implicaba fuertes restricciones al gasto público y drásticos recortes a subsidios sociales, así como la liberalización precios que estaban bajo control.
No se trató de ninguna conspiración para derrocar al gobierno, sino el estallido de una poblada por la desagradable sorpresa de que el día después del domingo de Resurrección, los precios de los alimentos y artículos esenciales aumentaron en más de un 300%.
Esa dolorosa experiencia debería servir para que ningún gobierno diseñe o pretenda imponer agendas ocultas, riesgosas o temerarias, sin consentimiento o comprensión de la población, menos aun cuando se trata de políticas económicas que incrementan niveles de pobrezas y marginalidad de la población, como fue el fatídico acuerdo con el FMI que provocó la tragedia de hace cuatro décadas.
