Con posiciones preconcebidas, los integrantes de la comisión bicameral que estudia el polémico Código Penal no tenían que retirarse a un resort, con cargo al erario, para analizar el proyecto de ley.
En lo que se evidencia una tomadura de pelo los senadores y diputados preferían estar no solo cómodos y bien relajados en un hotel de Bayahíbe, sino a buen resguardo de las protestas de grupos populares en demanda de flexibilidad sobre la interrupción del embarazo.
La senadora Faride Raful y el diputado José Horacio Rodríguez defendieron su posición en torno a las causales y anunciaron que presentarán un informe disidente. Las fílmicas compartidas con la opinión pública delatan a los congresistas, quienes se muestran complacidos y risueños en las sesiones.
Lo que ahora se espera es que tanto el Senado como la Cámara de Diputados rindan cuenta de la sangría para el contribuyente de un retiro innecesario, porque las posiciones estaban definidas. En medio de la actual crisis económica el costoso espectáculo es una burla a la sociedad.
Si los congresistas actuaran por convicción, se respetaría su criterio, pero es censurable que en la mayoría prevalezca, al menos en apariencia, el oportunismo. Sobre la modificación del Código Penal el punto de vista que ha primado es el de la Iglesia católica, que no solo rechaza que se despenalice el aborto, sino que ha amenazado con denunciar a los legisladores que la respalden.
