El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.
Resulta desproporcionado comparar la situación de inflación o riesgo de crisis alimentaria en República Dominicana con escenarios descritos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), uno de cuyos informes de antes de la pandemia reveló que 124 millones de personas sufren hambre severa en el mundo.
Aquí de lo que se habla es de un alza considerable en el precio del pan, alimento esencial en la canasta básica de la población que malvive al otro lado de la verja de la miseria, lo que se agrava con el incremento moderado o extremo en precios de otros alimentos, como arroz, habichuelas y grasas comestibles y transporte.
¿Cómo negar que los aumentos desmesurados en grupos de alimentos, materiales de construcción, transporte, productos industriales e insumos agrícolas tienen una relación directa con alzas de precios internacionales de
materias primas y del petróleo?
Lo que debería advertirse es que esa verdad por sí sola no resuelve el problema, porque apena lo describe frente al hecho cierto de que el cuadro inflacionario coloca a millones de dominicanos en riesgo de severa crisis
alimentaria.
El alza en el precio del pan representa la punta del iceberg de un problema más severo que requiere de tanta atención del gobierno como la que se ofrece para contener la pandemia, porque ambos flagelos pueden contagiar a la gobernanza y provocar tipos de estallido social.
La oposición política incurriría en grave error si cree que puede sacar provecho electoral al atribuir al gobierno exclusiva responsabilidad por el impacto del incremento de las materias primas de origen agrícola y fósiles sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese mismo extravío cometen las autoridades al atribuir a “enemigos
políticos” el aumento en el precio del pan, ya consumado en la cadena de comercialización, porque ese embadurnamiento no disminuye los efectos nocivos de esa realidad objetiva sobre la población.
No parece juicioso pretender comparar las alzas desmesuradas de precios en el ámbito local con un informe de la FAO que define la inseguridad alimentaria aguda como “hambre de una severidad tal que representa una amenaza para la vida”.
El Banco Central ha dicho que el IPC durante el periodo enero mayo fue de 3.56% y el acumulado interanual sobre 9%, pero define la situación como transitoria a la espera de una recomposición de los precios internacionales del
maíz, soya, trigo, petróleo y otros insumos, que permita el cumplimiento de la meta de inflación de 4+1.
Lo aconsejable sería que el gobierno intervenga con planificación, subsidios y tipos de controles a los sectores vinculados con la producción y comercializacion de pan, arroz, pollos, huevos y grasas comestibles, a fin de
contrarrestar el impacto que sobre los precios de esos alimentos básicos tiene el sector externo. De nada sirve comparar lo malo con lo peor.
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